Miami. (Especial)-Cada vez que Alexander McCray enciende su pipa de cocaína en piedra, los contribuyentes pagan parte de su adicción.
McCray ha estafado al Medicare al vender su identificación del Medicare a clínicas privadas por un soborno de entre $150 y $300 por visita, a veces hasta tres veces al día, tres veces a la semana durante siete años, según los expedientes federales y su confesión.
McCray ha firmado indebidamente que ha recibido tratamiento de infusión para el VIH –una terapia obsoleta– y ha recibido miles de dólares de clínicas acreditadas por el Medicare en todo el sur de la Florida. Dinero que ha usado para comprar cocaína.
A su vez, docenas de operadores de clínicas han presentado más de $1.1 millón en facturas falsas a su nombre por tratamientos de infusión contra el VIH, según expedientes del Medicare revisados por The Miami Herald. Unos 90 médicos, entre ellos uno encausado en mayo, firmaron las recetas fraudulentas.
“Soy el rey”, le dijo recientemente a The Miami Herald el desempleado de Opa-locka, de 40 años, cuando se le preguntó sobre sus estafas al Medicare.
McCray, un “paciente profesional”con un historial delictivo de 15 años por posesión de drogas, está entre los miles de estafadores que han hecho del sur de la Florida la capital nacional del fraude al Medicare. Una investigación realizada por The Miami Herald durante seis meses ha detectado que la corrupción ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos 10 años. Las autoridades normativas han hecho tan poco por detenerla que algunos expertos consideran que el Medicare está perdiendo unos $60,000 millones anuales debido al fraude en todo el país, dijeron legisladores federales en un foro realizado la semana pasada para analizar nuevas leyes con el fin de combatir la crisis.
Los Centros de Medicare y Medicaid, que administran el programa de seguro federal para ancianos y discapacitados, no pueden precisar el costo anual de la corrupción en todo el país. Las auditorías internas se concentran en errores de facturas, excesivos y otros gastos, y sólo hacen una evaluación marginal del fraude. Por ello la entidad sólo calcula pérdidas combinadas de $11,000 millones anuales.
Los proveedores privados de servicios médicos, las empresas de tarjetas de crédito y otros sectores han establecido nuevas tecnologías para combatir el fraude enérgicamente, pero el Medicare no ha realizado siquiera cambios elementales que el inspector general del Departamento de Salud ha recomendado con la advertencia que eran urgentes para combatir la crisis.
El Medicare, una de las mayores entidades del gobierno, creada hace 43 años, parece estar más preocupado por pagar rápidamente las facturas que por verificar su legitimidad, según muchos críticos y funcionarios policiales.
Según el inspector general, en el 2005 las clínicas del sur de la Florida –concentradas en Miami-Dade– le presentaron al Medicare cuentas de tratamiento por infusión contra el VIH por valor de $2,200 millones, 22 veces más que el total facturado al Medicare por todas las clínicas del resto del país combinadas. Esa tendencia continúa hasta hoy.
Además, las facturas fraudulentas por cosas como sillas de ruedas eléctricas, glucómetros y equipos de oxígeno, junto con las las infusión contra el VIH, alcanzaron cientos de millones de dólares.
Estos dos renglones de corrupción, que se han convertido en objetivos de los fiscales federales, representan por lo menos $2,500 millones en fraude anual al Medicare en el sur de la Florida, según las autoridades. Pero la cifra es conservadora porque excluye otros renglones de fraude potencial al Medicare: hospitales, asistencia médica a domicilio y medicamentos por receta.
Sin embargo, el fraude en suministro de equipos médicos y tratamiento por infusión contra el VIH representan por lo menos $7 millones diarios en el sur de la Florida, donde numerosas clínicas ilegales, suministradores falsos de equipo médico, reclutadores de pacientes en los barrios pobres, médicos cómplices y empresas de facturación han usado los nombres de médicos fallecidos para estafar el gobierno federal miles de millones de dólares.
“Yo sabía que en Miami la situación era mala, pero cuando llegué quedé asombrado”, dijo Timothy Delaney, agente especial adjunto a cargo de la oficina del FBI en Miami y jefe del programa nacional contra el fraude a los servicios médicos del 2000 al 2004. ‘‘Aquí hay fraude como en ninguna otra parte del país. Los Angeles está en segundo lugar, pero a mucha distancia”.
R. Alexander Acosta, fiscal federal del sur de la Florida, culpa en buena medida al propio Medicare y su sistema de revisión de facturas, y alega que la mala supervisión obliga a las autoridades a perseguir a los delincuentes mucho después de haberse robado el dinero de contribuyentes. Y sólo se recupera una parte ínfima de esos fondos.
“En momentos en que estamos tratando de encontrar miles de millones para pagar los servicios médicos, es repugnante que se desperdicien tantos recursos en el fraude al Medicare”, dijo Acosta.
Kimberly Brandt, directora de integridad de programas en los Centros de Medicare y Medicaid, dijo que la entidad tiene un límite a lo que puede hacer debido a la falta de recursos. El Congreso ha asignado $720 millones para combatir el fraude, sin ningún aumento en los últimos tres años. Es muy poco si se tiene en cuenta que el presupuesto anual del Medicare asciende a $432,000 millones.
“Creo que es importante que la gente comprenda que esto no sucedió de la noche a la mañana y que no es algo que Medicare pueda haber detectado rápidamente”, afirmó.
Muchas veces las autoridades federales son incapaces de rastrear a los estafadores al Medicare que huyen del país.
The Miami Herald revisó expedientes del FBI, la fiscalía federal y los tribunales federales y halló que por lo menos 56 de los aproximadamente 700 acusados de fraude al Medicare están fugitivos y se supone que al menos 18 han huido a Cuba en los últimos cinco años. Los otros han huido a México, República Domincana, Colombia, Canadá y Europa, o todavía están en la Florida.
Expertos y autoridades federales que han seguido el fraude al Medicare dicen que los delincuentes del sur de la Florida son parecidos a otros segmentos de inmigrantes de otras grandes ciudades que se agrupan para estafar a un sistema basado en la confianza implícita.
Los inmigrantes cubanos son la gran mayoría de los encausados por presentar miles de millones en facturas fraudulentas al Medicare desde el 2004, muestran los expedientes.
Entre ellos están los hermanos Benítez, acusados de estafar al Medicare con facturas fraudulentas de tratamiento por infusión contra el VIH en sus docenas de clínicas en Miami-Dade. El Medicare pagó a sus compañías alrededor de $84 millones entre el 2001 y el 2004, según los fiscales federales.
Según las autoridades federales, los tres hermanos invirtieron sus ganancias mal habidas en casas, helicópteros, hoteles, apartamentos, embarcaciones y parque acuático en el área turística de Bávaro, República Dominicana.
Después de ser encausados bajo cargos federales de fraude en Miami a fines de mayo, Carlos, José y Luis Benítez usaron sus pasaportes cubanos para viajar del sur de la Florida a República Dominicana y después a Cuba. Con la ayuda de las autoridades dominicanas, el Departamento de Justicia está confiscando sus propiedades y congelando las cuentas que tienen en República Dominicana.
Delaney, del FBI, y Brandt, del Medicare, dicen que hay personas de origen cubano en varios grupos de operaciones médicas fraudulentas y que existen operaciones similares en Los Angeles, Houston y Nueva York.
“Es una comunidad de vínculos comunes estrechos”, dice Delaney al describir el panorama del fraude al Medicare en Miami-Dade. “Y aquí hay personas que lo toleran”.
Brandt dice: “En el área de Miami en particular, en ese segmento de la población, hemos visto marcados ejemplos de ese tipo de actividad. Pero quiero aclarar que va más allá de la comunidad”.
El senador federal Mel Martínez, republicano por la Florida y quien recientemente presentó un proyecto de ley para combatir el fraude en los servicios médicos, dijo que no cree que la corrupción sea estrictamente “una cuestión cubana”. Pero añadió que el alto número de inmigrantes cubanos acusados en el sur de la Florida “no honra el patrimonio de ese pueblo, que tanto ha hecho por esta comunidad y por este país”.
Un prominente médico miamense conocido por la asistencia a los pobres y los desamparados se hace eco de la misma idea y condena con fuerza a los que estafan al Medicare, calificándolos de “delincuentes callejeros” que dañan a la sociedad en general.
“Le están robando al pueblo estadounidense y sacrificando la atención médica de la gente”, dice el doctor Pedro “Joe” Greer, gastroenterólogo y hepatólogo que el año pasado fue nombrado decano adjunto de Asuntos Académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de la Florida.
Greer, que nació en Miami pero cuya familia se estableció aquí después de la revolución cubana en 1959, también dijo que ha habido olas de inmigrantes cubanos que han ayudado a construir esta comunidad.
“Lo que hace esa gente es perjudicar la gran tradición de Estados Unidos de permiti que la gente venta y salga adelante con honestidad. Eso afecta a todo el mundo, a la profesión médica y a los inmigrantes trabajadores”.
La tentación del fraude al Medicare es muy grande porque prácticamente cualquiera puede convertirse en un operador del Medicare, incluso en traficante de drogas.
Angel Castillo Jr., que no terminó siquiera la secundaria y tenía una condena por tráfico de drogas, se declaró culpable en diciembre de operar ocho compañías de equipos médicos usando los nombres de otras personas y de haber presentado más de $48 millones en facturas falsas al Medicare.
Castillo dijo que lo hizo comprando listas de pacientes del Medicare y usando los números de identificación de médicos para emitir recetas. Su operación recaudó alrededor de $8 millones entre 2005 y 2006 y él personalmente se guardó más de $2 millones.
Castillo dice que se valió de un círculo íntimo de familiares, amistades y asociados cubanoamericanos, además de algunos inmigrantes cubanos recién llegados, para que se hicieran pasar por dueños de compañía médicas y cambiar pagos del Medicare en bancos y tiendas de cheques.
Añadió que él es un ejemplo típico de los operadores ilegales que le roban al Medicare valiéndose de inmigrantes con un historial común.
“Tratamos de mantenerlo entre nosotros”, declaró Castillo a The Miami Herald durante una entrevista reciente en el Centro Federal de Detención en Miami. “Nos aprovechamos de los inmigrantes cubanos. A los dueños como yo no les importaba. Era simple avaricia”.
En el sur de la Florida, el fraude contra el Medicare resulta muy atractivo para los delincuentes comunes, que consideran escaso el posible riesgo, y la recompensa abundante.
Establecer una operación médica pantalla para estafar al Medicare es quizá una de las cosas más fáciles que hay, dice Castillo, quien añade que se incorporó a la ilegalidad a través de sus contactos con narcotraficantes.
“Mucha gente que antes se dedicaba a las drogas ahora se dedican a esto”, dice. ‘‘Se considera una actividad delictiva respetable, sin mucho peligro”.
Miembros de Proveedores Acreditados de Equipos Médicos (AMEPA) dicen que los delincuentes como Castillo son los que le han dado mala reputación al sector, que hace con el Medicare negocios legítimos por valor de $12,000 millones al año.
“Son esos pocos los que han arruinado al sector”, dice Jack Márquez, vicepresidente de AMEPA y dueño de Cobra Medical Equipment en Miami. “A veces me avergüenzo de decir que soy dueño de un negocio de equipos médicos con tanto fraude que hay en el sur de la Florida”.
El número de suministradores de equipos médicos en el sur de la Florida, unos 2,100, cambia semanalmente porque se han multiplicado en edificios de oficinas y pequeños centros comerciales. Los que son fraudulentos recogen sus cosas y se van tan pronto ganan su dinero.
No es necesario tener experiencia o conocimientos específicos de negocios para abrir un negocio de este tipo, ni siquiera un fondo básico de garantía para suministrar servicios cubiertos por el Medicare.
Aunque los Centros de Medicare y Medicaid tienen la obligación de investigar los antecedentes de algunos operadores según las normas del 2006, la entidad dice que empezó a realizar las verificaciones en diciembre en áreas de mucho fraude, como Miami y Los Angeles. La entidad puede revocar o negar la licencia a un operador si ha tenido alguna condena por un delito serio en los últimos 10 años.
Pero el portavoz Peter Ashkenaz dice que los fondos para las verificaciones de antecedentes se acaban en septiembre.
Después que la entidad verifica que una compañía nueva satisface algunas exigencias mínimas –como mantener un cierto inventario de suministros médicos– el proveedor puede facturar repetidamente artículos que van desde gasa estéril y aparatos de oxígeno hasta piernas o brazos postizos.
Los proveedores fraudulentos usan sin autorización el número de Medicare. De hecho, les roban el número del Seguro Social, lo que les permite eliminar el riesgo de operar ilegalmente con pacientes verdaderos.
También sobornan a médicos y sus asistentes para emitir recetas falsas, o consiguen ilegalmente el número de identificación de los médicos en internet y los usan sin su autorización.
Un ejemplo: el doctor Dr. Pedro Cuní, médico que se declaró culpable en el 2006 de emitir recetas innecesarias a más de 6,000 pacientes y recibir de una clínica de Hialeah $50 en pagos indebidos por cada receta. Cuní, de 77 años, declaró a favor de la fiscalía en el juicio por fraude de la Dra. Ana Caos en abril 7 y dijo que en las “clínicas cubanas de Hialeah” reclutan a pacientes del Medicare para que soliciten recetas para tratar dolencias inexistentes de la espalda o el sistema respiratorio. A su vez, las clínicas le facturan al Medicare los medicamentos, que los pacientes echan a la basura.
Caos, de 62 años, fue hallada culpable de aceptar pagos ilegales de $100 por cada receta emitida para medicamentos caseros facturados al Medicare a nombre de pacientes que no los necesitaban o no los querían.. La doctora fue sentenciada en julio a más de tres años de prisión.
En un nuevo informe del gobierno, los investigadores afirman que el Medicare pagó unos $92 millones a suministradores de equipos médicos que usaron indebidamente los números de identificación de 18,240 médicos fallecidos en Miami y otras grandes ciudades entre el 2000 y el 2007. Muchos todavía aparecen como médicos activos del Medicare, aunque fallecieron hace 10 o 15 años.
El Medicare, que en el 2001 recibió fuertes críticas del inspector general de Salud y Servicios Humanos por falta de supervisión, todavía no tiene manera de identificar las recetas emitidas por médicos fallecidos, indicó la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado.
Todo los males del Medicare se agregan a la ansiedad de unos 44 millones de beneficiarios –3.1 millones en la Florida– que necesitan y merecen los beneficios médicos.
Marjorie Sayre, de 80 años, dijo que su esposo se quejó al Medicare durante un año de empresas de equipos médicos que presentaban reclamaciones fraudulentas a su nombre, como una pierna artificial, para un hombre que todavía podía usar perfectamente sus extremidades.
“Hay gente que necesita el dinero y el Medicare se va por el tragante porque no tiene fondos”, dijo Sayre, vecina del suroeste de Miami-Dade, cuyo esposo, William, falleció el año pasado.
“Es muy frustrante pensar que estas personas tan deshonestas probablemente la pasaron de maravillas con ese dinero”, dijo. “Yo no puedo darme el lujo de viajar a Hawai y ellos probablemente viajan por todo el mundo”.
Casi todos concuerdan en que es fácil estafar al Medicare porque funciona sin mucha supervisión desde el Congreso lo estableció en 1965 El Medicare y sus contratistas privados están obligados por ley a revisar y pagar las facturas en 14 días, lo que hace el sistema vulnerable a los delincuentes que envían grandes cantidades de facturas fraudulentas.
Por su parte, el Congreso ha hecho poco por supervisar y evitar el fraude al Medicare debido a otras prioridades políticas, la presión de los cabilderos del sector y las donaciones de campaña. Estas influencias han socavado los esfuerzos por fortalecer el programa para proteger a los que más lo necesitan.
“A menos que se tome un enfoque diferente para atacar el fraude, es potencialmente letal para el Medicare”, dijo Malcolm K. Sparrow, profesor de la Facultad John F. Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard y autor de License to Steal: How Fraud Bleeds America’s Health Care System (Licencia para robar: cómo el fraude desangra el sistema de servicios médicos).
En años recientes, la corrupción en los servicios médicos en el sur de la Florida ha sido tan amplia que la fiscalía federal de Miami y el Departamento de Justicia establecieron la primera Fuerza de Choque contra el Fraude al Medicare el país.
Aunque el equipo comenzó a arrestar sospechosos y a recibir información de los acusados, los fiscales admiten que el sistema se ha vuelto tan vulnerable que no es posible eliminar completamente el fraude por miles de millones al año.
Por ejemplo, el equipo especial, que multiplicó sus encausamientos desde el 2007, sólo tiene una enfermera que revisa las reclamaciones al Medicare en buscar de fraude.
A pesar del fraude masivo en la facturación de equipos médicos y medicamentos contra el VIH y el sida, los fiscales federales afirman que las operaciones contra el fraude durante los últimos 12 meses han logrado reducir la corrupción en cierto nivel, lo que ha llevado a una declinación de $1,750 millones en el total de facturación al Medicare en Miami-Dade.
“Pudiéramos tener el doble de fiscales y no detener el fraude”, dijo el fiscal federal Acosta.
“Sólo el Medicare tiene la capacidad para lograrlo”.
Representantes de la industria de equipos médicos, que ha sido afectada por la publicidad relacionada con el fraude, dijo que los Centros de Medicare y Medicaid han mejorado la supervisión ligeramente desde que los fiscales comenzaron a presentar casos en el fuero criminal.
Pero como los pacientes ancianos y discapacitados todavía reciben servicios del Medicare, en Washington no existe la voluntad normativa o política para enfrentar la crisis.
“No hay apuro para solucionar el problema porque no es su dinero, es el dinero de los contribuyentes”, dijo Rob Brant, gerente general de City Medical Services en North Miami Beach y presidente de la AMEPA.
Mañana se publicará un estudio de los dos mayores tipos de fraude al medicare: las facturas por tratamiento del VIH y los proveedores de equipos médicos.
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