Bolivia. (AP)-La fiscalía de Bolivia dijo el lunes que ordenó procesar por “genocidio” al prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández, uno de los líderes rebeldes al presidente Evo Morales y en cuyo departamento el ejército detuvo a 10 personas y secuestró armamento.
Cobija, la capital de Pando, fue escenario el jueves de los episodios más violentos que libran partidarios del gobierno y opositores, con un saldo de más de 30 muertos, la mayor parte en ese departamento amazónico, en la frontera con Brasil.
El fiscal general de la nación, Mario Uribe, dijo que seguirá un proceso penal al prefecto Fernández, hombre fuerte de Pando y uno de los líderes opositores, “por la presunta omisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta”.
El vicepresidente Alvaro García Linera dijo que el congreso instalará una comisión para investigar la presunta participación de Fernández, al que calificó de “genocida”.
Uribe, en reunión de prensa en Sucre, sede de la fiscalía, agregó que bajo esos mismos cargos serán procesadas otras dos autoridades de Pando, que no identificó.
Fernández reaccionó de inmediato y dijo que “yo permaneceré en Cobija esperando cualquier proceso transparente. No me voy a fugar”.
El gobierno en La Paz había dicho que decenas de sus partidarios fueron ametrallados en Pando cuando iban a una manifestación, luego de una emboscada de “sicarios brasileños y peruanos bajo el mando” de Fernández.
“¿Sicarios brasileños?”, se preguntó Fernández a radio Erbol. “Eso es un embuste del gobierno. Absolutamente nada que ver con lo que habla el gobierno; ya basta. Este país necesita tranquilidad”.
Enterado de que el ejército había arrestado a 10 personas y que varias de ellas tendrían armas en su poder, el prefecto dijo que “esto es una persecución política, porque se trata de gente de oposición al presidente Morales”.
El general Walter Panozo, jefe del ejército en Pando, dijo que esas 10 personas que no identificó estarían comprometidas en los violentos episodios en Cobija, que al igual que Pando está bajo el estado de sitio.
Oficialistas y opositores están enfrascados desde el sábado en un diálogo que se retomaría en la noche del lunes cuando Morales regrese de Santiago de Chile, después de participar en una reunión que movilizó a varios presidentes sudamericanos preocupados por la estabilidad de la democracia boliviana.
El Comité Nacional Democrático (Conalde), conformado por opositores al gobierno dijo el lunes que “de a poco se están levantando 35 puntos de bloqueos que hay en el país”.
“Ojalá el gobierno tenga la misma voluntad y la demuestre”, dijo un vocero de Conalde, Branko Marinkovic.
Pero el problema, según Marinkovic, es que “grupos de choque y gente afín al gobierno” bloquean a su vez otras carreteras, con lo cual hay ciudades como Santa Cruz y Beni en la cual los alimentos y el combustible empezó a escasear.
Los adictos a Morales, en su mayor parte campesinos, demandan que los rebeldes desalojen oficinas del gobierno que fueron tomadas por los opositores en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
El bloqueo de rutas en todo Bolivia causó en 21 días pérdidas por unos 42 millones de dólares, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) Eduardo Bracamonte.
Según Bracamonte, los productos más perjudicados son los de la agroindustria de Santa Cruz, además de bananos, palmitos y otros de naturaleza perecedera de Cochabamba, que no pueden salir por los bloqueos en el sur.
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodrígez, dijo a la AP que las pérdidas podrían “ser mucho más” que 42 millones de dólares, aunque no especificó cifras.
Fernández gobierna a Pando, que junto con Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca, concentran la mayor riqueza de este empobrecido país cuya capital La Paz se abraza a Los Andes.
Ricas básicamente en gas y petróleo, en esas regiones se concentran casi la mitad de los 10.000.000 de habitantes de Bolivia.
Si bien las protestas se iniciaron por la devolución de los fondos que el gobierno descontó a las regiones para pagar un bono a los ancianos, la raíz de la disputa es esencialmente el rechazo de Pando, Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca al proyecto constitucional que promueve Morales.
El proyecto debe ser en un referendo, del cual no hay fecha, y las regiones rebeldes temen que de aprobarse sufrirían un gran golpe a sus ambiciones de gozar de mayor autonomía del gobierno central.
El gobierno dijo que el embajador de Estados Unidos Philip Goldberg era firme aliado de los rebeldes y le ordenó salir del país por “meterse” en los asuntos internos, pero el diplomático dijo que “…todas las acusaciones del gobierno son falsas e infundadas”, antes de abandonar Bolivia.
El lunes, cientos de manifestantes marcharon a la embajada estadounidense en La Paz para celebrar la salida del embajador. La policía tendió un cerco alrededor de la sede y no se registraron incidentes. “Hemos venido para respaldar la actitud valiente del presidente Evo Morales”, dijo el dirigente sindical Edgar Patana. “Si no lo expulsaba, nosotros hubiéramos arrasado con la embajada de Estados Unidos hoy”, agregó el sindicalista.
