BASE NAVAL BAHIA DE GUANTANAMO, Cuba. (Reuters)- Un juez militar estadounidense decidió el miércoles detener el juicio a cinco prisioneros acusados de complotar en los ataques del 11 de septiembre del 2001, lo que le da al presidente Barack Obama el tiempo que quería para decidir sobre el cierre de los tribunales de crímenes de guerra de Guantánamo.
La decisión interrumpe los procedimientos en el caso que busca la pena de muerte hasta fines de mayo, pero es visto por los abogados defensores como el final de los tribunales especiales en la base naval en territorio de Cuba.
Obama ha prometido cerrar el campo de prisioneros de Guantánamo, considerado como una mancha en la historia de derechos humanos de Estados Unidos y un símbolo tanto del abuso a los detenidos como de la detención sin acusación previa bajo el Gobierno de su predecesor George W. Bush.
Horas después de asumir el poder el martes, Obama ordenó a los fiscales en la corte de Guantánamo pedir una pausa de 120 días en todos los casos pendientes. Solicitó tiempo para revisar los casos y decidir qué foro es apropiado para cualquier juicio futuro.
La medida congela los procesos judiciales contra 21 prisioneros al menos hasta mayo, pero fue considerada por los abogados de defensa como una ‘pena de muerte’ para los tribunales especiales establecidos bajo el Gobierno de Bush en la base naval de Bahía de Guantánamo en el sudeste de Cuba.
El confeso cerebro tras los ataques del 11 de Septiembre Khalid Sheikh Mohammed y tres de las cuatro personas que están acusados junto a él objetaron la demora.
Habían planteado en las audiencias previas que querían declararse culpables de los cargos de asesinato masivo que podrían llevar a su ejecución por los ataques que causaron la muerte de 3.000 personas.
Pero los fiscales militares dijeron que dependería del presidente dónde continuar las políticas de su predecesor.
Otro juez de Guantánamo congeló el caso contra un joven canadiense prisionero Omar Khadr, quien fue capturado a la edad de 15 años y es acusado de asesinar a un soldado estadounidense con una granada en Afganistán.
“El efecto práctico de la resolución de hoy es declarar la muerte de los procesos de las comisiones militares”, dijo el abogado militar de Khadr, teniente comandante de la marina, William Kuebler, haciendo referencia a los juicios por su nombre formal.
Khadr, ahora de 22 años, es el último ciudadano de una nación occidental presente en Guantánamo. Sus abogados han argumentado que fue un niño soldado reclutado por su padre muerto, y que cualquier juicio debe realizarse en las cortes canadienses y estadounidenses.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que la suspensión de los juicios es un “paso alentador” hacia el cierre del campo y una mejoría en el clima de las relaciones con America Latina.
“El cierre (del campamento) esta decidido, pero hay que ver qué se hace tanto del punto de vista jurídico como material, físico, con las personas que están recluidas ahí”, dijo Insulza a la prensa en Washington.
“Es un paso alentador, pero como muchas otra cosas se va a demorar algún tiempo mayor en desahacerlas que lo que se demoró en hacerlas”, dijo.
POCOS JUICIOS REALIZADOS
Activistas de derechos humanos y abogados de defensa militar han instado a Obama a detener los tribunales especiales y lo instaron a trasladar los juicios a cortes regulares de Estados Unidos para que se realicen bajo reglas largamente establecidas.
El Gobierno de Bush dijo que planeaba juzgar a 80 prisioneros por crímenes de guerra, pero sólo se completaron tres casos.
Los juicios se desenvolvieron en medio de numerosos desafíos legales de los abogados de defensa, quienes dicen que la imparcialidad fue imposible dado que los tribunales permitieron tanto pruebas indirectas como testimonios bajo coerción y fueron sujetos a demasiada interferencia política.
Cerca de 245 prisioneros extranjeros aún permanecen en el centro de detenciones que abrió en enero del 2002 para albergar a extranjeros sospechosos de terrorismo y fue parte de la ampliamente criticada guerra de Estados Unidos contra el terrorismo declarada por Bush luego de los ataques del 11 de Septiembre.
En Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una demora de dos semanas en el caso de una corte federal a tres prisioneros de Guantánamo que buscan su liberación. Se fijó una audiencia para el 21 de enero.
El juez de distrito de Estados Unidos Reggie Walton concedió el pedido y ordenó al Gobierno a presentar un reporte de estatus el 4 de febrero señalando cómo busca proceder. En la corte federal de Washington, hay cerca de 200 casos pendientes de detenidos de Guantánamo que buscan su liberación.
