Por Juan González Febles

Tradicionalmente y desde 1959, en Cuba la plaza de bufón político en las tablas internacionales la han ejercido los ministros de Relaciones Exteriores. En su momento Raúl Roa y Roberto Robaina, en la actualidad, Felipe Pérez Roque. Un ejemplo ilustrativo sobre tres célebres payasos que en su momento amenizaron una disciplina árida y en ocasiones incierta: la diplomacia. De los tres, Roa pasó a mejor vida hace algunas décadas, Robaina pinta oleos para galerías de Miami, que es de hecho pasar a una vida mejor y Pérez Roque, destituido y sin talento para pintar, de seguro salta en pijamas en su casa o en un cómodo calabozo, para no convertirse en yanqui, por no saltar a tiempo.

Para dar continuidad a la tradición, el gobierno cubano y su ministra de ¿Justicia?, Sra. María Ester Reus, demostraron conservar ese muy especial humor político internacional. Esta apreciación se justifica con creces, si se hace una lectura razonada y detenida del llamado “Informe nacional de la República de Cuba al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos”.

El informe presentado por la Sra. Reus, consta de ocho partes. El clásico número ocho, elaborado para exponer y potabilizar ante el mundo, al sistema promotor de las cárceles, los exilios y los fusilamientos en Cuba.

Su magia consiste en que el complaciente auditorio no notó la ausencia de esos derechos inalienables consustanciales a la condición humana. La Sra. Reus repitió el pie forzado, injusto, ofensivo e irrespetuoso por demás, de llamar mercenarios a los adversarios del régimen.

Con exquisita dulzura, la delegada de los Castro obvió a los presos políticos y a la tortura en las cárceles cubanas. La indefensión ciudadana ante los atropellos del poder, escapó del discurso y de la mirada miope internacional.

Con los imprescindibles vacíos exigidos por la censura, el informe castrista fue distribuido en forma de pasquín para ser ofertado en los puestos de venta de periódicos y revistas. En un país en que el papel sanitario cuesta más caro que algunos alimentos básicos, fue recibido con alegría por todos.

A fin de cuentas, la pobre Sra. Reus con su aspecto de ama de casa hacendosa, o de buena persona que quiere que todo marche mejor, resulta una opción más válida en los tiempos que corren, que el Sr. Pérez Roque.

Este, con su manía de reforzar los argumentos desde la portañuela, selló su destino. Esta enérgica búsqueda era tarea harto difícil para un hombre grueso que pasa de los cuarenta. Esto tampoco excluyó el mal gusto. Algunos diplomáticos esquivaron estrechar su mano, por desconocer exactamente que sostuvo minutos antes con ella. Su nuevo jefe, Raúl Castro decidió sustituirlo mientras se lavaba las manos y se miraba al espejo. No hay constancia de que haya llorado o no. Lo definitivo fue que lo tronó. Dicen que para no correr el riesgo, de estrecharle la mano en un futuro.

La conspiración internacional dirigida a legitimar la sucesión castrista, funcionó a la perfección en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos, no ha pasado de ser una asociación de dictadores-compadres. Una entelequia del todo inoperante e incapaz de realizar una defensa consecuente de las personas y sus derechos.

Salvo algunas objeciones presentadas por países del 1er mundo, la píldora castrista pasó perfectamente. Dicen que el informe hasta fue elogiado. De veras, uno siente escalofríos de pensar la cantidad de dinero e influencias que tienen que haberse movido. Más allá del informe humorístico de la Sra. Reus, la peregrinación de no sólo los presidentes de algunas tribus abanderadas de África, sino de países democráticos de América Latina refuerza este razonamiento.

Más allá del chiste que representa ser ministro de justicia de un gobierno que no respeta ni cumple sus propias leyes, en su momento la Sra. Reus dará cuenta sobre los sancionados por la Ley de Peligrosidad Pre-delictiva, las confiscaciones de propiedades a partir de decisiones administrativas, sin contar con los tribunales competentes o incompetentes, los actos de prevaricación incurridos por altos funcionarios, los abusos en las prisiones y otras menudencias de la vida ciudadana actual en Cuba.

Con más o menos desplantes, gamberrismos y toques dosificados del más exquisito sprit latino, el informe cubano ante Ginebra y las últimas destituciones en la cúpula, son muestra fehaciente de un peculiar sentido del humor, de cara a los finales.

Nota: El Sr Juan González Febles, reside en la isla, por lo que RM asume que sus escritos gozan de realismo y patriotismo.

MIAMI, Florida, EE.UU. (AP)- La policía dijo que un hombre que asesinó a su ex esposa y a otras tres personas durante una reunión familiar de fin de semana, también trató de volar el vecindario al colocar balones de gas propano y latas con gasolina por todo su apartamento antes de incendiarlo.

El vecindario, densamente poblado, se salvó porque los balones no estallaron, dijo el teniente Ignatius Carroll, del Departamento de Bomberos de Miami.

Los investigadores dijeron que Guillermo López, de 48 años, llegó a su apartamento después de acribillar a la familia el domingo por la madrugada. Incendió la vivienda y también su camioneta, antes de suicidarse de un balazo.

La policía identificó el lunes a las víctimas, como la esposa de López, Lázara Méndez, de 50 años; su hija Nayla Canfux, de 19; el novio de ella, Francisco Casas, de 27 años; y la abuela de Casas, Mari Lefran Christ, de 77 años.

La policía recibió una llamada poco después de la medianoche en la que se informaba que se había escuchado numerosos disparos en el interior de una vivienda y que una camioneta roja abandonaba el lugar. Al llegar la policía a la vivienda, encontró cuatro cadáveres.

Poco después, alguien llamó a la policía para decir que un apartamento, a unos cinco kilómetros (tres millas) de distancia del sitio donde fueron hallados los cuatro cadáveres, estaba ardiendo y que se habían escuchado más disparos. Cuando la policía llegó al lugar, encontró muerto al presunto atacante.

La policía dijo que el hombre al parecer estaba furioso porque su esposa lo había abandonado, pero se siguen investigando las causas.

MIAMI. (AP)- Un empresario venezolano declarado culpable por actuar como agente extranjero ilegal para encubrir el escándalo de un maletín con 800.000 dólares confiscado en Argentina fue sentenciado a cuatro años de prisión.

La jueza federal Joan Lenard también condenó a Franklin Durán, detenido desde diciembre del 2007 en una prisión federal de Miami, a tres años de libertad condicional una vez que cumpla con la sentencia de cárcel, así como a pagar una multa de 175.000 dólares por las dos acusaciones que enfrentaba: haber actuado como agente ilegal del gobierno venezolano y haberse asociado de manera ilícita con otros cuatro sudamericanos para ocultar el origen y el destino del dinero.

De acuerdo con la fiscalía, la valija con 800.000 dólares habría sido enviada por el presidente venezolano Hugo Chávez a la campaña de la actual mandataria argentina Cristina Fernández.

Durán el único de los cinco latinoamericanos acusados en el caso que se declaró inocente_ se mostró inmutable al momento de conocer la sentencia, pero sus familiares y amigos que estaban en la sala de audiencia gritaron y lloraron en señal de festejo, ya que enfrentaba una condena máxima de hasta 15 años de prisión. La fiscalía había solicitado 13,5 años de cárcel.

La condena “podría haber sido peor. (Durán) ya cumplió 15 meses de prisión y si no ganamos la apelación tendría dos años más por cumplir” en la cárcel, manifestó en breves declaraciones a la prensa el abogado de Durán, Ed Shohat, al salir del tribunal.

Dijo, sin embargo, que no está conforme con la decisión de Lenard y anticipó que el martes a primera hora presentará la apelación ante un tribunal de mayor jerarquía de Atlanta, en el estado de Georgia.

Shohat, quien alegaba que su cliente no había perjudicado a Estados Unidos ni actuado como espía, le había solicitado a Lenard una pena máxima de tres años de prisión.

El fiscal Thomas Mulvihill, por su parte, se mostró complacido con la sentencia.

“La sentencia fue justa y ejemplar para que otros individuos no intenten actuar como agentes (ilegales) de otros gobiernos”, declaró Mulvihill a la prensa al culminar la audiencia de cerca de cuatro horas.

El escándalo del maletín estalló en agosto del 2007, cuando las autoridades argentinas interceptaron en el Aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires el maletín con los 800.000 dólares. Varios testigos que declararon durante el juicio de Durán dijeron que el dinero fue una contribución del gobierno de Chávez a la campaña presidencial de Fernández.

Otros tres acusados se declararon culpables para que sus condenas fueran reducidas, y fueron condenados a entre 15 y 34 meses de prisión. El quinto acusado, un presunto agente de la inteligencia venezolana, aún está prófugo.

En un principio, el dinero del maletín fue relacionado con Durán, su socio Carlos Kauffmann y su empresa petroquímica Venoco, ya que el hombre que llevaba el maletín _el empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson_ los conocía a ambos desde hacía tiempo.

Antonini declaró durante el juicio que el dinero del maletín era parte de unos cinco millones de dólares que el gobierno de Chávez habría enviado a la campaña de Fernández.

De acuerdo con la fiscalía, Durán, Kauffmann y otros tres acusados llegaron a Miami para ocultar el origen y el destino del dinero, pero no sabían que Antonini había decidido colaborar con el gobierno estadounidense para evitar ser detenido y procesado.

Durán, que en la audiencia del lunes lució por primera vez en todo el proceso judicial uniforme beige de presidiario y tenía sus pies encadenados con grilletes, agradeció en breves declaraciones ante la jueza a Estados Unidos por haberle concedido el derecho de un juicio público.

“Nunca fue mi intención dañar a este país”, sostuvo con voz firme y alta, y le pidió disculpas a Estados Unidos por haber actuado “sin conocimiento de las leyes”.

El empresario venezolano, que lucía pálido y siguió atentamente toda la audiencia con la ayuda de un traductor, manifestó que vino a Estados Unidos “no a causar daño” sino a “solventar a un amigo (Antonini) …(y) poner fin a un escándalo”.

En el proceso judicial, Kauffmann _quien recuperó su libertad el 12 de enero_ declaró que junto a Durán realizaron negocios multimillonarios corruptos con el gobierno de Venezuela. Dijo también que accedieron al pedido del gobierno de Chávez de que presionaran a Antonini a mantenerse en silencio, con el fin de mantener esos negocios.

“El señor Durán sabía que, si él lograba solucionarle esto al gobierno de Venezuela, había una mina de oro” para él, dijo el fiscal en la audiencia del lunes.

Shohat, en cambio, alegó que Durán siempre quiso ayudar a su amigo Antonini para que saliera del problema e insistió en que no causó ningún daño a Estados Unidos ni actuó como espía.

Kauffmann fue condenado a 15 meses de prisión; Moisés Maionica, otro de los acusados que cooperó con los fiscales, fue sentenciado a 24 meses; y Rodolfo Wanseelle, a 34 meses.

Washington. (EFE)- La aseguradora AIG pagará hoy 165 millones de dólares en bonificaciones a los ejecutivos que hicieron las apuestas arriesgadas que tumbaron a la empresa y que forzaron su intervención pública, lo que ha causado estupor en Washington.

American International Group (AIG) era una de las mayores aseguradoras del mundo antes de la crisis y para evitar su quiebra el Gobierno le ha inyectado más de 170.000 millones de dólares, más que a ninguna otra empresa.

Por ello, la noticia de que mantendrá las primas a pesar de los errores cometidos por sus ejecutivos ha airado a la Casa Blanca y al Congreso.

“Es un escándalo”, opinó Larry Summers, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, en una entrevista hoy con la cadena de televisión ABC.

Al mismo tiempo, afirmó que el Gobierno puede hacer poco al respecto porque las pagas extraordinarias están estipuladas en los contratos de los ejecutivos de la compañía.

“Estamos en un país de leyes, hay contratos y el Gobierno no puede abrogarlos”, dijo.

Paradójicamente, recibirán los premios económicos los empleados del departamento de productos financieros de AIG, cuyas apuestas en el mercado de derivados llevaron a la empresa al borde de la quiebra.

El Gobierno de George W. Bush se vio obligado a adquirir casi el 80 por ciento de sus acciones en septiembre para evitar que el colapso arrastrara consigo al resto del sistema financiero.

La noticia de las bonificaciones motivó una llamada de protesta el miércoles del secretario del Tesoro de EE.UU., Timothy Geithner, al principal ejecutivo de AIG, Edward Liddy, según se supo hoy.

“Las manos de AIG están atadas”, respondió, sin embargo, Liddy a Geithner en una carta.

Liddy, que fue designado en septiembre por el Gobierno, explicó que los pagos son obligaciones “legales” establecidas a principios del año pasado, antes de que se descubrieran los problemas en el departamento de productos financieros.

De hecho, los trabajadores de ese departamento ya recibieron 55 millones de dólares extra en diciembre.

Liddy alertó a Geithner del peligro de que la compañía pierda a algunos de sus ejecutivos “si los empleados creen que la compensación está sujeta a un ajuste continuado y arbitrario por parte del Departamento del Tesoro”.

Tras la intervención de Geithner, Libby se comprometió a reducir la remuneración este año, especialmente de los empleados mejor pagados.

Aún así, Austan Goolsbee, otro de los asesores económicos del presidente, reconoció en una entrevista en Fox News que la noticia de los pagos “provocará la ira de millones de personas” y socavará el apoyo público al programa para rescatar el sistema financiero.

Mientras, en el Congreso las protestas no se hicieron esperar. El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el demócrata Barney Frank, dijo hoy también en Fox News que se debe analizar si es posible reclamar legalmente el reembolso de las primas.

En todo caso, manifestó que se debería haber impuesto a AIG “reglas más estrictas desde el principio” a cambio de recibir el dinero público.

Por su parte, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, denunció al Gobierno por “simplemente sentarse y acusar a la Administración anterior”.

En la práctica, los contribuyentes estadounidenses reembolsarán “a algunos de los empleados que nos metieron en este lío”, se quejó el senador en ABC.

El Gobierno de Obama ha restringido la remuneración para los ejecutivos de las empresas financieras que reciben ayuda pública, pero no ha podido tocar los contratos firmados previamente, como el de AIG.

ANTANANARIVO. (AFP)- Un intenso tiroteo se escuchaba el lunes procedente del interior de las oficinas del presidente de Madagascar, Marc Ravalomanana, en Antananarivo, inmediatamente después de que el ejército entrara en esos locales, informó un corresponsal de la AFP.

Los soldados entraron en las oficinas presidenciales después de rodearlas previamente y de que uno de los militares, a través de un altavoz, ordenase a todas las personas que se encontraban dentro de los locales que los abandonaran.

Dos fuertes explosiones se oyeron poco antes de las 16H00 GMT y varios tanques arremetieron contra la puerta principal de las oficinas.

Ravalomanana no se encontraba en el lugar, sino que está atrincherado en un palacio presidencial en las afueras de Antananarivo, a unos 12 km de la capital malgache.

Charlotte, Carolina del Norte. (EFE)- Activistas de Carolina del Norte buscarán detener la implementación del programa de inmigración 287g en otro condado, con el que se contarían nueve en el estado que lo utilizan en medio de dudas sobre su aplicación.

Marty Rosenbluth, abogado de la Coalición del Sureste de Justicia Social, dijo durante la celebración del “Foro Latino 2009″, que se celebró en esta ciudad el fin de semana, que el 1 de abril el condado Guilford se convertirá en la novena localidad que aplicará el 287g en el estado por el que se han deportado a más de 6.000 indocumentados desde 2006.

“Ahora más que nunca, que tenemos reportes de peso que indican que las autoridades están aplicando el 287g erradamente, es que debemos documentar casos concretos de personas que han salido perjudicadas”, afirmó Rosenbluth.

A principio de año, el alguacil de Guilford, BJ Barnes, anunció que dos o cuatro agentes de la cárcel bilingües coordinarán el programa, que identificará a los extranjeros sin documentos que lleguen a la cárcel independiente del crimen.

La sección 287g, que deriva de una ley migratoria vigente de 1996, permite a los gobiernos locales firmar convenidos con el federal para adiestrar a alguaciles o policía a que ejerzan funciones de inmigración para identificar indocumentados.

Rosenbluth enfatizó durante el evento, que reunió a 22 organizaciones hispanas del estado y 350 asistentes, que varias instituciones defensoras de los derechos civiles de los inmigrantes analizan “opciones legales” para detener el programa.

“El 287g ha generado perfil racial contra los hispanos, deportado a trabajadores por infracciones menores de tránsito y no ha cumplido su objetivo de sacar de la comunidad a los criminales”, agregó Dani Martínez Moore, del Centro de Justicia del Inmigrante de Carolina del Norte.

Rosenbluth y Moore anunciaron que se llevarán a cabo los próximos meses varias actividades que incluirán vigilias, marchas, y desobediencias cívicas, en todo el estado, para exigir a las autoridades locales “respuestas” sobre el manejo del programa.

Después de Virginia, Carolina del Norte es el segundo estado de la nación con más 287g que otorga a agentes locales poderes para deportar a extranjeros sin papeles.

Irene Godinez, director de abogacía de El Pueblo, organización coordinadora del foro, comentó a Efe que en la Asamblea Estatal se discuten varios proyectos anti-inmigrantes y que al menos dos tienen “grandes” posibilidades de ser aprobados.

Uno busca evitar que los estudiantes indocumentados tengan acceso a los colegios comunitarios y otro exigir a las compañías la utilización del sistema E-Verify, que comprueba la legalidad de nuevos empleados.

“Parte de lo que buscamos con el foro es unir a las organizaciones para contrarrestar estas propuestas perjudiciales”, apuntó Godinez a Efe.

Tony Asión, director de El Pueblo, enfatizó durante el evento que finalizó el sábado en Charlotte, la ciudad más grande del estado, las contribuciones que realizan diariamente los más de 600.000 hispano que han convertido de Carolina del Norte su nuevo hogar.

“Hay que fortalecernos como liderazgo, crear alianzas con otros grupos, medios efectivos para que nos escuchen los legisladores, coordinarnos regionalmente para que todos participemos”, agregó Asión.

El Pueblo además promocionó entre las organizaciones presentes la campaña Pro-Latina que lanzó en julio de 2008, la cual busca recaudar 1 millón de dólares a utilizarse en mensajes publicitarios que resalten la “cara positiva” de la comunidad.

La organización busca que cada individuo o hispano done 2.87 dólares, en referencia al programa de deportación 287g.

Estudiantes hispanos también se reunieron en el foro para discutir los temas que más los afectan.

Monserrat Alvarez, de la secundaria South East Raleigh, comentó que los estudiantes están perdiendo “esperanza”, al ver como sus padres están siendo deportados y separados de la familia.

“Hay que organizarnos y crear planes de acción”, enfatizó la joven.

Varios legisladores estatales estuvieron presente durante la jornada, y Axel Luch, director de Asuntos Hispanos/Latinos de la Gobernación, leyó una carta de bienvenida por parte de la gobernadora demócrata, Beverly Perdue.

“Nuestro estado está atravesando por momentos difíciles y sus aportaciones serán vitales para enfrentar los problemas de las familias de Carolina del Norte”, citó Perdue.

Otros temas tratados durante la actividad de dos días incluyeron defensa de derechos civiles, desarrollo comunitario, educación, salud, desarrollo organizacional y seguridad pública, liderazgo juvenil, entre otros.

PEKIN. (Xinhua)- Una oficina de Gobierno en un sector étnico tibetano de Sichuan, provincia del sudoeste de China, fue impactada por una bomba temprano el lunes, pero no se reportaron víctimas, dijo la agencia oficial de noticias Xinhua.

El edificio, ubicado en la región Ganzi de Sichuan, recibió el impacto de “una bomba lanzada por terroristas”, precisó Xinhua, citando a fuentes no identificadas.

“Se ha conformado un equipo para investigar el ataque”, agregó en un breve reporte, sin entregar mayores detalles.

Una serie de disturbios se registraron en Lhasa, capital del Tíbet, el 14 de marzo del año pasado, luego de días de protestas organizadas por monjes budistas en contra del Gobierno chino, que acabaron con la vida de 19 personas y extendieron olas de manifestaciones a través de las áreas tibetanas.

Grupos de tibetanos exiliados dijeron que más de 200 personas murieron entonces.

Un año más tarde, una apretada red de tropas y policía a través de áreas tibetanas, aparentemente ha ayudado a disuadir los intentos de disturbios y otros incidentes aislados.

Pekín ha prometido que la región estará en calma este año. El Tíbet y áreas tibetanas étnicas que rodean las provincias tienen una fuerte presencia militar y están prohibidas para periodistas extranjeros y turistas. La policía armada que controla la carretera ha obligado a devolverse a supuestos visitantes.

Algunas protestas aisladas durante las últimas semanas, que incluyen a un monje que se prendió fuego en el monasterio Kirti, ubicado en el oeste de Sichuan, sugieren un persistente descontento.

Muchos tibetanos no celebraron su año nuevo en febrero, como señal de protesta silenciosa y duelo por quienes murieron el año pasado.