LA HABANA, (AGENCIAS)- El Gobierno cubano decidió bloquear indefinidamente el acceso a Internet a los cubanos, en un esfuerzo por frenar a los blogueros y sus cada vez más populares críticas al sistema.

Según  diarios hispanos  ya entró en vigor una nueva resolución gubernamental que impide a los cubanos, además, usar, acceder y/o pagar por los servicios de Internet disponibles en los hoteles y oficinas de correos.

 Estos, sólo podrán entregar dicho servicio a los turistas y visitantes extranjeros debidamente autorizados.

La orden también especifica que únicamente a los empleados gubernamentales, académicos e investigadores se les permitirá tener cuentas de Internet; pero con limitaciones al acceso de sitios fuera de la isla.

 Ello basado en que se trata de un servicio provisto por el Estado.

Se calcula que apenas el 2% de la población, es decir unos 200.000 cubanos, tienen acceso a Internet; la tasa más baja de conectividad en América Latina.

Por Roberto de Jesús Guerra

LA HABANA. Un buen número de activistas del Movimiento 24 de febrero fueron citados a la unidad policial de Santiago de las Vegas, en el municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, y de inmediato fueron encarcelados, según dieron a conocer sus familiares.

Entre los arrestados se encuentran Adeley Álvarez, Omara Álvarez, René Ramón González, Lázaro Martín Souto, Dagoberto Berger, Norberto León Batista, Efraín Ortiz y Juan Guillermo Rosales, todos miembros del Movimiento opositor.

El arresto se debió, según se informó, a una reunión efectuada en el poblado de Mantilla, en el domicilio de Alfredo Fernández, presidente del Movimiento 30 de noviembre, donde se acordó la participación de los opositores en un taller donde se debatirían temas sobre libertad y democracia.

Se conoció también que los domicilios de los opositores detenidos fueron registrados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Por Georgina Noa

LA HABANA. Continúan las mujeres activistas de derechos Humanos realizando actividades de desobediencia civil a lo largo y ancho de la isla, en apoyo a la campaña Con la misma Moneda.

Como parte de la tercera fase de la Campaña, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), apoyada por activistas de derechos humanos, viene realizando actos desde Oriente hasta Occidente, en establecimientos de la red gastronómica, donde es obligatorio el pago en divisas.

Las protagonistas de estos hechos pagan el consumo que realizan en pesos, que no son aceptados por la administración del sitio.

El pasado jueves se produjo una protesta de este tipo en el restaurante El Conejito, en el Vedado, Ciudad de La Habana.

En la misma participaron de Fernando Lezcano, Reinier Montano y Víctor Alejandro Rodríguez; este último fue detenido y conducido a la estación de policía de Zapata. Rodríguez fue liberado dos horas después, con la advertencia que si vuelve a incurrir en el mismo hecho sería sancionado por estafa.

Por Juan Carlos Reyes

HOLGUÍN. El ex prisionero político Lorenzo García inició el pasado 5 de mayo un ayuno, en Holguín, en protesta por el hostigamiento contra su persona por parte de la policía política.

Según García, desde comienzos del año los cuerpos represivos lo acosan por medio de detenciones arbitrarias, prohibición de libre circulación y citaciones sin fundamento al mayor de sus hijos.

Alrededor de la 1 de la madrugada de ese día, 5 de mayo, el activista fue abordado en la calle por un individuo conocido por “mellizo Chuas”, quien lo amenazó con regresarlo a la prisión si continuaba sus actividades opositoras.

García se presentó en la sede de la Seguridad del Estado donde fue atendido por el Mayor Palenque, a quien le expresó que responsabilizaba a la sección de enfrentamiento por el acoso a que está siendo sometido.

Finalmente, el activista se dirigió al parque Antonio Maceo, donde grito: “Abajo el comunismo”, “Vivan los derechos humanos” y “Libertad para los presos políticos”, y comenzó un ayuno que, aseguró, mantendrá hasta que cese el hostigamiento.

Por Tania Maceda

 LA HABANA.  Agentes del Departamento de Seguridad del Estado se presentaron sorpresivamente en las viviendas de los opositores pacíficos residentes en Baracoa, provincia de Guantánamo, Keiber Rodríguez, Rolando Rodríguez y su hermano Néstor, con el propósito de registrarlas, y más tarde los tres fueron detenidos y conducidos al Centro de Instrucción Policial de Guantánamo.

Por otra parte, el primero de mayo, en la misma localidad, fueron allanadas las casas de los activistas Roberto González y Francisco Luis Manzané, y sus moradores detenidos por la policía, según reportó el relator de derechos humanos y ex prisionero de conciencia Carlos Manuel Hernández.

La policía política no dio ninguna explicación, pero los activistas suponen que se trata de medidas represivas debido a la cantidad de pegatinas llamando a la no cooperación que han aparecido en las paredes y muros públicos de la ciudad. Siete activistas locales, tres de ellos el pasado mes, han sido enviados a prisión en relación con estos hechos.

Keiber Rodríguez es miembro del Consejo de Relatores y preside el Movimiento de Liberación, Reconciliación y Paz Juan Pablo II; Francisco Luis y Roberto pertenecen a las mismas organizaciones. Néstor y Rolando Rodríguez son los líderes del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia.

Los opositores fueron puestos en libertad el día 2 de mayo, pero la policía política no devolvió los medios ocupados, entre ellos la computadora de Rolando y 3 teléfonos móviles.

LA HABANA. (AGENCIAS)- El gobierno  amenazó a un miembro del opositor Movimiento Cristiano Liberación (MCL) con procesarle bajo la ley popularmente conocida como “Mordaza”, informó la organización en un comunicado.

De acuerdo con el MCL, Minervo Chil Siret, integrante del ejecutivo nacional de la organización, fue “apresado y cacheado (…) se le han tomado huellas digitales y foto para iniciar un proceso de acusación por violación a la Ley 88 del código penal”.

Las “autoridades de Inteligencia y Seguridad del Estado le advirtieron que de ninguna manera se va a permitir por parte del gobierno que nuevamente se radique el Proyecto Varela”, y que quienes continúen “en ese empeño serán procesados formalmente por violación a dicha ley”.

En virtud de la Ley 88, “de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”, fueron encarcelados la mayoría de los 75 disidentes condenados a penas de hasta 28 años en la primavera de 2003, muchos de los cuales pertenecen al MCL.

La organización opositora, que encabeza Oswaldo Payá, promueve desde 1998 el Proyecto Varela, con el que pide la celebración de un referendo para que los cubanos se pronuncien sobre propuestas de cambio a favor de mayores libertades civiles, una amnistía para los presos políticos y la elaboración de una nueva ley electoral.

El MCL denunció en su comunicado “intimidación y represión (…) de manera creciente” contra sus integrantes.

Indicó que la semana pasada, durante una visita de Payá a Cienfuegos y a provincias orientales, varios dirigentes del MCL fueron detenidos como parte de un operativo policial, “entre ellos Agustín Cervantes y José Alba Castro”.

La situación “es muy seria y peligrosa”, dijo el MCL. “Ponemos en conocimiento de la comunidad internacional, autoridades de gobierno, organismos e instituciones de protección a los derechos humanos esta nueva maniobra por parte de autoridades cubanas que pretenden cerrar las vías hacia un cambio pacifico con el poder que detentan”, añadió.

LA PAZ. (Reuters)- El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que Perú no debería convertirse en un “centro de delincuentes”, al cuestionar por segundo día consecutivo que Lima otorgue asilo político a ex ministros bolivianos procesados por magnicidio y delitos económicos.

La declaración del mandatario indígena prolongó un cruce de duras declaraciones entre los dos países miembros de la Comunidad Andina, a una semana de que se abra en Bolivia un largamente demorado juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros.

Visiblemente molesto por la decisión de Lima de otorgar asilo a por lo menos uno de los ex ministros procesados y considerar beneficio similar para otros dos, Morales acusó al presidente Alan García de violar no sólo normas internacionales sino las propias leyes peruanas sobre refugiados.

“La hermana República de Perú no puede ser un centro a donde los delincuentes se escapan y son protegidos por el Gobierno de Perú”, dijo Morales a corresponsales extranjeros, calificando al asilo anunciado en Perú como “una abierta provocación al pueblo boliviano y al Gobierno nacional”.

Los comentarios renuevan los constantes roces entre Morales y García en los últimos años. En una de las más recientes disputas, el presidente boliviano dijo que la “gordura” estaba afectando a su colega peruano, por unas declaraciones sobre la pretensión de La Paz de su salida al mar.

En Lima, el vicepresidente peruano, Luis Giampietri, calificó de “inaceptable” la reacción de Morales respecto al asilo.

“Nadie puede decirle a ningún país del mundo a quién debe o no debe asilar. Creo que eso es una interferencia inaceptable a la política interna de un país”, dijo a periodistas.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz, afirmó por su parte que su país es soberano en el manejo de las solicitudes de asilo y que el respeto debe ser mutuo.

“No aceptamos insultos, creo que no son las formas correctas de trato internacional”, refirió.

RESPETO A BOLIVIA

El presidente boliviano afirmó que al asilar a acusados de delitos de lesa humanidad, García “no respeta al pueblo boliviano que ha sido víctima” de la muerte de al menos 60 manifestantes durante disturbios del 2003, cargo principal que enfrentan Sánchez de Lozada y sus ex colaboradores.

“Es clarísimo”, apuntó, citando partes de leyes peruanas según las cuales el asilo no debería beneficiar a personas que han cometido delitos de lesa humanidad.

Morales volvió a llamar “colega chabacano” a García y le pidió “de Presidente a Presidente, que deje de proteger a delincuentes”.

Fuentes de la cancillería peruana dijeron que el ex ministro boliviano asilado desde la semana pasada en Perú es Jorge Torres Obleas y que se evalúa solicitudes de los ex ministros Javier Torres Goitia y Mirtha Quevedo.

Los tres integran una quincena de ex funcionarios y jefes militares enjuiciados junto con Sánchez de Lozada, en un proceso que ingresaría a fase de debate el 18 de mayo, mientras que el ex presidente neoliberal está en Estados Unidos, en una situación que ha provocado críticas de Morales a Washington.

Sánchez de Lozada fue el principal impulsor de una ola de privatizaciones que Morales -quien buscará la reelección en diciembre- ha comenzado a desmantelar desde el 2006, primero con la nacionalización de campos de gas que abastecen a los mercados de Argentina y Brasil.

El juicio a Sánchez de Lozada es una de las principales promesas políticas de Morales, un seguidor del venezolano Hugo Chávez que llegó al poder en enero del 2006 cerrando un ciclo de inestabilidad con cinco presidentes en menos de un quinquenio, incluido el ahora procesado ex mandatario.

Chávez también tiene una disputa con Perú por haber otorgado hace dos semanas asilo político por “razones humanitarias” al líder opositor venezolano Manuel Rosales, quien enfrenta en su país acusaciones de corrupción y afirma que es perseguido político del Gobierno.

Tras la decisión, Venezuela anunció el retiro de su embajador en Perú y puso en evaluación las relaciones con Lima.

Morales y Chávez son aliados y ambos afirman llevar adelante una “revolución” socialista en sus países. En tanto García es un ferviente promotor del libre mercado y ha criticado fuertemente las políticas estatistas en la región.