MIAMI. (AGENCIAS)- El Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC) y el Cuba Study Group condenaron este miércoles las detenciones y amenazas sufridas por varios sindicalistas que participaron en el documental Bajo el cielo cubano: el trabajador y sus derechos, estrenado la semana pasada en Estados Unidos.
En un comunicado, el GIRSCC, con sede en Miami, dijo que la secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC), María Elena Mir Marrero, y los activistas Justo J. Sánchez, Hanoi Oliva y Daniel Sabatier, fueron sometidos el 4 de agosto a “fuertes interrogatorios” por oficiales de la Policía y la Seguridad del Estado, en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la localidad de Guanabo, municipio Habana del Este.
Los agentes los amenazaron con encausarles “por las actividades que estaban desarrollando y las que pensaban realizar”, indicó el GIRSCC.
De acuerdo con la organización, que sistemáticamente denuncia los abusos contra los trabajadores cubanos, las autoridades se referían a una caminata y a la tirada de flores al mar el pasado 13 de julio, en recordación de las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de Marzo.
También, a entrevistas que habían concedido los activistas para el documental Bajo el cielo cubano: el trabajador y sus derechos, estrenado el 30 de julio en la XIX Conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE), en Miami.
Los sindicalistas fueron asimismo amenazados con ser golpeados si salían a protestar a la calle el 5 de agosto, en el aniversario 15 del “Maleconazo”.
Los agentes “procedieron a tomarles huellas dactilares de los diez dedos de la mano y de la palma, les rasparon las uñas, le tomaron fotos de frente y de lado y, como una forma más de presión psicológica y humillación, les introdujeron en los pantalones en sus zonas privadas un paño que tuvieron que mantener por más de 30 minutos y que después fue introducido en un pomo y tapado.
Cuando preguntaron sobre este último procedimiento, les respondieron que era para crear un banco de olores”, denunció el GIRSCC.
El grupo dijo en su comunicado que los oficiales del régimen advirtieron a los sindicalistas “que no iban a permitirles más actividades que pudieran poner en riesgo la labor de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, único sindicato legal en la Isla, controlado por el gobierno) y que ellos estaban tratando de desacreditar a la citada organización prestándose al juego y las orientaciones que recibían desde Miami, específicamente del GIRSCC”.
“Les informaron que los otros sindicalistas que participaron en el documental y actividades -como es el caso de Carmelo Díaz Fernández, Jorge Olivera Castillo, Víctor Manuel Domínguez y Emilio Jerez- también correrían la misma suerte”.
El GIRSCC responsabilizó al gobierno, a los funcionarios del Partido Comunista y a la CTC, “de la suerte que puedan correr” los activistas.
Recordó que las autoridades cubanas están en la obligación de cumplir los convenios y recomendaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), de los cuales el gobierno cubano es signatario, y de prestar atención a los reportes del Comité de Libertad Sindical, que ha pedido a La Habana “respeto a la libertad sindical y al derecho que tienen los trabajadores a expresarse libremente y crear organizaciones sindicales fuera de las estructuras actuales si así lo desean”.
El grupo hizo además un llamado a todas las organizaciones sindicales del mundo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de las Américas (CSA) para que pidan al gobierno cubano “que se abstenga de realizar acciones represivas y nuevas detenciones y encarcelamiento a los sindicalistas independientes”.
Por su parte, el Cuba Study Group (CSG) condenó también el arresto de activistas sindicales por su intervención en el documental Bajo el cielo cubano: El trabajador y sus derechos.
En una declaración emitida en Washington, la organización indicó que los sindicalistas fueron “injustamente detenidos, interrogados y acosados”.
“Estas tácticas represivas contra activistas sindicales independientes que expresan su opinión en el documental son injustas e inmerecidas”, dijo Tomás Bilbao, director ejecutivo del grupo.
Agregó que “representan pruebas adicionales de la violación sistemática de los derechos laborales que se muestra en el documental”.
El CSG consideró que la participación en el filme, que relata la realidad de los trabajadores en Cuba, es considerada como un desafío a la CTC.
