BOGOTA. (Reuters)- El candidato presidencial colombiano Germán Vargas, antiguo aliado del presidente Alvaro Uribe, dijo el miércoles que si el mandatario se presenta a los comicios del 2010 para buscar su segunda reelección, podría ser derrotado con una alianza de diferentes fuerzas políticas.

El dirigente de 47 años, quien apoyó a Uribe en la campaña que lo llevó al poder en 2002 y respaldó su primera reelección en el 2006, tiene posibilidades en la próxima contienda comicial, de acuerdo con analistas y proyecciones iniciales.

Pero el líder de Cambio Radical decidió alejarse del mandatario y buscar la presidencia, para lo que inició acercamientos con el Partido Liberal, al que perteneció, con la intención de forjar una alianza sólida que le permita derrotar a Uribe si es habilitado para ser candidato y si decide serlo.

“Me parece que una nueva reelección es inconveniente. Lo es para la democracia colombiana, para sus instituciones, creo que también para el propio presidente. No me parece conveniente que se forcé nuevamente una enmienda constitucional”, dijo Vargas en una entrevista con Reuters.

“La búsqueda del consenso sí. Eso implica interesar y vincular a varios sectores al proceso mismo y el único instrumento para lograrlo es una consulta que democráticamente nos permita llegar con un criterio unificado”, explicó.

Vargas, quien se destacó como senador y se ha caracterizado por su fuerte discurso contra la guerrilla izquierdista, dijo que está dispuesto a participar en una consulta interpartidista con el liberal Rafael Pardo y otros independientes para sacar un candidato fuerte y capaz de vencer a Uribe en las urnas.

“El candidato que resulte ahí seleccionado representaría a una coalición de sectores que tienen un origen liberal y algunos independientes y eso fortalece naturalmente las opciones”, aseguró.

Sin embargo, descartó una alianza con el izquierdista Polo Democrático Alternativo y su candidato Gustavo Petro, elegido el fin de semana en una consulta interna de ese partido.

CANDIDATURA URIBE CAMBIA ESCENARIO

El Congreso de Colombia aprobó un referendo que habilita a Uribe para buscar su segunda reelección inmediata.

La legalidad jurídica de la iniciativa es examinada por la Corte Constitucional que puede aprobarla o declararla ilegal. Esta segunda opción la bloquearía.

Pero si el tribunal lo aprueba, el Gobierno deberá convocar al referendo y éste deberá ser votado por más de 7,5 millones de electores y obtener la mayoría de sufragios para que se apruebe la reforma constitucional y Uribe pueda ser candidato.

Vargas, quien sobrevivió a dos ataques con explosivos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), confió en que la corte declare ilegal el referendo y advirtió que la falta de tiempo es un factor en contra.

El tribunal podría tomarse hasta seis meses para definir la legalidad, de acuerdo con fuentes judiciales, lo que complicaría la eventual reelección del mandatario debido a que la primera vuelta presidencial está programada para mayo.

Pero Uribe no ha anunciado si está interesado en ser candidato en el 2010 o en entregar las banderas a un líder de la coalición de Gobierno como su ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos para que busque mantener sus políticas, lo que mantiene en suspenso la contienda electoral.

Vargas admitió que si Uribe se presenta será un candidato fuerte para derrotar, pero que sin él el panorama político y electoral será otro con muchos candidatos.

“Si Uribe se presenta a la reelección y las normas lo autorizan, seremos pocos los que permaneceremos en la contienda. Si es lo contrario, habrá una explosión de candidatos”, afirmó.

Además de Rafael Pardo y Vargas, otros aspirantes a ser elegidos presidente son el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, la conservadora Noemí Sanín y los independientes Luis Eduardo Garzón, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus.

Santos y el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias han dicho que sólo serán candidatos si Uribe no es habilitado para buscar su reelección o desiste de esa posibilidad.

BUENOS AIRES. (Reuters)- La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, hizo el miércoles un pedido público para que cesen los repetitivos cortes de calles y carreteras en el país como instrumento habitual de reclamos.

Durante un acto político, la mandataria insistió en que los reclamos ciudadanos deben tener otras formas y no complicar la vida cotidiana de millones de ciudadanos que pagan las consecuencias al ver interrumpidos sus caminos.

En las últimas semanas, manifestantes que reclaman por despidos, justicia o recortes de beneficios comerciales, entre otros, decidieron formar grupos e interrumpir espontáneamente o de manera programada accesos a la ciudad de Buenos Aires y calles vitales de la capital argentina.

“Debemos terminar de promover la organización para impedir el ejercicio de los derechos de los otros”, sostuvo Fernández ante pequeños emprendedores comerciales en la central provincia de Córdoba.

“Tenemos que organizarnos para ejercer nuestros propios derechos que nunca pueden pasar por impedir que el otro circule, que el otro estudie, que el otro trabaje, que el otro haga, porque hace a la libertad”, agregó en alusión a los llamados “piquetes”.

El tránsito en Capital Federal, los suburbios y otros puntos en el resto del país han sido un caos recientemente y la Justicia ha actuado en cada caso, pero sus decisiones suelen ser lentas y demandan hasta años para declarar culpables.

Las fuerzas de seguridad tampoco han actuado para evitar disturbios.

Es común ver por estos días imágenes de televisión con largas filas de automóviles en rutas y calles interrumpidas, sin ninguna acción oficial inmediata pese a que la Constitución garantiza la libertad de tránsito por el país.

QUITO. (Reuters)- El movimiento indígena de Ecuador radicalizó el miércoles una protesta, con enfrentamientos con la fuerza pública, contra medidas oficiales para controlar el agua, en medio de llamados del Gobierno para mantener la calma en el país y abrir un diálogo con los manifestantes.

Los indígenas rompieron un acuerdo con el presidente Rafael Correa, que enfrenta la primera protesta fuerte desde que asumió el cargo en enero 2007, para levantar una manifestación indefinida que comenzó desde el lunes, pero que ha sido retomada paulatinamente en las provincias amazónicas.

Cientos de indígenas bloquearon con palos, piedras y neumáticos las principales vías de acceso a la amazonía, donde se encuentra la infraestructura petrolera, en rechazo a un propuesta oficial para controlar sectores clave como el agua para riego y la minería.

La televisión local mostró imágenes de indígenas amazónicos, con flechas y rostros pintados como señal de “guerra”, obstaculizando las vías.

Entrada la noche, los protestantes denunciaron la muerte de dos de sus compañeros en medio de forcejeos con la fuerza pública en la provincia amazónica de Morona Santiago.

El Gobierno dijo que investigaba la muerte de un civil, pero aseguró que más de una veintena de policiales fueron heridos mientras intentaban desalojar a los manifestantes.

El movimiento indígena cuestiona una propuesta oficial para regular el uso del agua de riego y para otras actividades clave como la minería, calificándolo como privatizador del recurso vital. El proyecto está en tramite en la Asamblea Nacional.

Correa llamó a los indígenas a dialogar, pero la convocatoria no tuvo efecto entre el movimiento, que anunció “movilizarse” y tomar carreteras a lo largo del país desde la noche del miércoles.

OTROS SECTORES SE SUMAN

El mandatario, quien ha visto bajar sus niveles de popularidad según últimos sondeos, había calificado de “un fracaso” a la protesta de los indígenas y cuestionado a los dirigentes, a quienes calificó de “ponchos dorados” por anteponer intereses personales a los de las comunidades.

El Gobierno dispuso un fuerte resguardo militar en la infraestructura petrolera, cuya producción ha sido paralizada en anteriores ocasiones por protestas de indígenas.

La estatal Petroecuador confirmó que las actividades petroleras se desarrollaban con normalidad, pese a la protesta.

“Invitamos a los sectores sociales a juntarse y luchar para parar la prepotencia de un Gobierno que insulta y nos quiere desprestigiar”, dijo el líder indígena, Humberto Cholango, en medio de decenas de indígenas eufóricos.

Las autoridades no descartaron declarar un estado de emergencia en la nación para controlar las protestas.

Otros sectores como los maestros, estudiantes y trabajadores también salieron a las calles para rechazar acciones del Gobierno para controlar la educación y restar conquistas laborales.

“Llamamos a la calma al país”, dijo el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, en una intervención televisada por los medios estatales.

El movimiento indígena participó en la última década en el derrocamiento de dos presidentes en el país, pero ha sido dividido, lo que ha afectado su poder de convocatoria.

WASHINGTON. (Reuters)- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, escuchó las opiniones de sus asesores en la Casa Blanca para revertir la deteriorada situación en Afganistán el miércoles, en una revisión total de la estrategia que podría resultar en el envío de más soldados al país.

Hubo divisiones al interior del Gobierno, especialmente entre líderes civiles y militares, sobre si se debe reforzar a las fuerzas en terreno o es necesario tomar un camino alternativo.

En tanto, Obama avanza hacia una decisión crucial en la guerra, iniciada por el ex presidente estadounidense George W. Bush luego de los ataques del 11 de septiembre hace 8 años.

Mientras aumentan las bajas entre los 68.000 soldados estadounidenses actualmente desplegados en Afganistán, se gestó una batalla política sobre la estrategia en la guerra, con los ciudadanos de Estados Unidos cansados del conflicto y Obama a semanas de tomar una decisión.

Los republicanos acusaron a Obama de tomarse mucho tiempo para decidir qué hacer, mientras los demócratas defendían su enfoque y la Casa Blanca respondía los ataques de los opositores.

El secretario de Defensa, Robert Gates, es una voz crítica en las negociaciones y aún está indeciso sobre qué hacer. Se dijo que Gates no cree en un enfoque que dependería en un pequeño número de fuerzas especiales y el uso de naves no tripuladas para rastrear y matar a miembros de Al Qaeda.

“El no cree que ese sea un camino al éxito en Afganistán. Creo que hemos intentado eso antes con poco y nada de éxito. De hecho, algunos argumentarán que pagamos el precio por ello el 9/11″, dijo el portavoz del Pentágono, Geoff Morrell.

Sin embargo, Morrell no dijo que Gates estuviera decidido por una operación completa en contra de la insurgencia, la que requeriría un incremento de tropas para asegurar Afganistán.

“Estas son discusiones mucho más sofisticadas que sólo ‘esto o lo otro’”, declaró.

El punto de inicio para las discusiones fue una sombría evaluación del General Stanley McChrystal, máximo comandante de las fuerzas OTAN y estadounidenses en Afganistán.

En su informe, McChrystal dijo que la guerra fracasaría sin soldados adicionales y cambios en la estrategia enfocados en ganar la confianza del pueblo afgano.

NUEVA YORK. (Reuters)- Un juez federal estadounidense rechazó el miércoles liberar los registros que describen las técnicas de interrogación autorizadas para que la CIA las utilice en el extranjero, señalando que dependía de la agencia decidir si deberían permanecer en el secreto.

El juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein falló contra las peticiones hechas por la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por su sigla en inglés).

La organización solicitó liberar algunos de los 580 documentos que incluyen nombres y fechas de captura de detenidos, así como la descripción de cintas de video destruidas que mostraban interrogaciones de la CIA a dos sospechosos.

Hablando desde el estrado, Hellerstein notó que en un “mundo post 9/11″, hay una presión más fuerte sobre Estados Unidos “de reunir evidencia de varias fuentes” y que las cortes debían remitir al director de la CIA, Leon Panetta, la decisión sobre si los documentos debían permanecer secretos.

El revisó algunos documentos a puertas cerradas antes de tomar su decisión.

Hellerstein ordenó a la CIA entregar un documento con notas escritas a mano de un empleado de la CIA en el que discutía los videos destruidos.

“Estamos complicados por la cantidad de deferencia que le ha entregado a la CIA”, dijo a la prensa el abogado de ACLU Alex Abdo después de la audiencia. Agregó que el juez mostraba mucha restricción sobre “un programa de interrogación que el mundo entero conoce”.

En marzo, el Departamento de Justicia reveló que la CIA destruyó 92 cintas de video de duras sesiones de interrogatorios hechas el 2002, involucrando a dos sospechosos de los que luego se dijo que fueron sometidos al “submarino”.

El Departamento de Justicia lleva a cabo una investigación criminal separada para ver si la CIA violó alguna ley cuando destruyó los videos el 2005, durante el Gobierno de George W. Bush.

WASHINGTON. (Reuters)- La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si el derecho constitucional de los individuos a tener armas de fuego está por encima de las leyes estatales y locales, reavivando una controvertida batalla legal en el país.

El alto tribunal dijo el miércoles que aceptó decidir el alcance de su histórico fallo del año pasado de que la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense garantiza el derecho individual a tener armas y usarlas para fines legales como la defensa personal en el hogar.

Los casos por el derecho a tener armas remiten a una de las cuestiones sociales, políticas y legales más divisivas en Estados Unidos. En el fallo del 2008, la Corte Suprema se separó en una votación 5-4 entre conservadores y liberales respectivamente.

La corte prohibió el año pasado al Gobierno federal imponer ciertas restricciones, pero dejó sin aclarar si el derecho también se aplica a las leyes de control de armas estatales y locales.

Este rápidamente se convirtió en uno de los temas más importantes que decidirá la corte durante su nuevo mandato, que comienza la semana próxima.

Se prevé que los jueces escuchen los argumentos a principios de la próxima semana y se espera una decisión para fines de junio.

Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de tenencia de armas civiles del mundo. Las muertes con armas alcanzan un promedio de 80 por día, de las cuales 34 son homicidios, de acuerdo a estadísticas del Gobierno.

La Corte Suprema acordó revisar un fallo de una corte de apelaciones que confirmó una estricta ley de control de armas en Chicago que prohíbe la tenencia de armas en la mayoría de los casos.

Los defensores del control de armas dijeron que la decisión de la Corte Suprema es esperada. “El caso Chicago se prevé que no tendrá mucho impacto práctico en la mayoría de las leyes sobre armas, más allá de cuál sea el fallo de la corte”, dijo Paul Helmke, presidente del Centro Brady para la Prevención de Violencia con Armas.

CAMBIO POCO PROBABLE

Helmke dijo que la corte previsiblemente no cambiará la tendencia del fallo del año pasado de que las leyes de armas razonables se mantendrán y que el derecho constitucional se limitará estrechamente a las armas en el hogar para defensa personal.

La apelación desafiando la ley de Chicago fue presentada por individuos y grupos a favor del derecho a tener armas.

La Corte Suprema no tomó parte en otra apelación de la poderosa Asociación Nacional del Rifle y otros en el caso de Chicago, que argumentaron que el derecho a tener armas está por encima de las leyes que prohíben la posesión de armas en el hogar.

Durante el año pasado, el tema de las restricciones estatales y locales ha dividido a las cortes de apelaciones de todo el país.

LIMA. (Reuters)- El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado el miércoles a seis años de prisión por cargos de soborno y espionaje telefónico a opositores, luego de haber admitido su culpabilidad en lo que fue el último proceso judicial por el que fue extraditado de Chile.

Fujimori, de 71 años, ya tiene una condena de 25 años de prisión acusado de violación a los derechos humanos en una guerra sucia entre militares y guerrilleros izquierdistas en los inicios de su Gobierno en la década de 1990.

Según las leyes locales, las sentencias en Perú no son acumulables y se cumple la máxima condena.

El ex mandatario recibió la condena aparentemente tranquilo pues ya había aceptado los cargos, con lo que el juicio terminó de forma anticipada, sin un desfile de decenas de testigos.

Para analistas, el ex mandatario evitó así la exposición pública de las acusaciones en su contra, para proteger a su heredera política, la legisladora Keiko Fujimori, voceada candidata presidencial para las elecciones del 2011.

Keiko Fujimori, quien se ubica entre los favoritos en las encuestas de intención de votos, ha afirmado anteriormente que podría indultar a su padre si sale elegida presidenta.

Tras la sentencia, Fujimori, que ha dicho que no confía en la justicia local, pidió la nulidad del proceso, en el que los fiscales solicitaron una condena de ocho años.

Los seguidores del ex mandatario rechazaron la sentencia.

“Hasta aquí actuaron los enemigos y adversarios políticos y judiciales del fujimorismo (…) hemos esperado pacientemente, dolorosamente estas circunstancias para iniciar la gran respuesta política del fujimorismo”, dijo a periodistas Carlos Raffo, legislador y portavoz del partido de Fujimori.

MANIOBRA POLITICA

Muchos peruanos reconocen a Fujimori, matemático de profesión, haber derrotado la guerrilla que quería imponer un Estado comunista; y por dar estabilidad económica al país.

Pero otros acusan a Fujimori -a quien llaman “chino” por sus rasgos orientales- de gobernar con mano dura y de haber promovido abusos a los derechos humanos, como la matanza de 25 personas, entre ellos un niño, en manos de militares bajo la sospecha de pertenecer al grupo rebelde Sendero Luminoso.

El ex legislador izquierdista Javier Diez Canseco, víctima de interceptación telefónica, criticó a Fujimori por evadir el proceso y afirmó que se trata de una maniobra política en favor de las aspiraciones presidenciales de su hija.

A diferencia de anteriores fallos, Keiko Fujimori, que dio a luz a su segunda hija la semana pasada, no asistió a la lectura de la última sentencia contra su padre.

“Es una viejísima respuesta política a la candidatura de Keiko Fujimori, quien aparece ahora con dos criaturitas (hijas) y su marido para tratar de ‘enmielar’ a la gente, de apelar al sentimiento en este terreno”, afirmó Diez Canseco.

Fujimori ya se había sometido al recurso de “conclusión anticipada” en un proceso anterior y recibió una sentencia de 7,5 años de prisión por la entrega ilegal de 15 millones de dólares como indemnización a su ex asesor de inteligencia y ex mano derecha, Vladimiro Montesinos.

Asimismo, tiene una condena de seis años de prisión por el allanamiento ilegal de la casa de la esposa de su ex asesor.

RED DE ESPIONAJE

En el último paquete de procesos por las cuales fue traído desde Chile, la justicia acusó a Fujimori de promover sobornos a varios legisladores de oposición para garantizar una mayoría en el Congreso; así como de comprar con dinero del Estado un canal de televisión y la línea editorial de un diario local.

Con el fallo anticipado, Fujimori evitó a testigos claves como los ex candidatos presidenciales: el escritor Mario Vargas Llosa y el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, víctimas de espionaje telefónico.

Vargas Llosa y Pérez de Cuéllar perdieron las elecciones de 1990 y 1995, respectivamente, frente a Fujimori.

Junto a la condena de seis años de prisión, el tribunal de la Corte Suprema sentenció a Fujimori el pago de 8,3 millones de dólares como indemnización al Estado y de otro millón de dólares para las personas agraviadas.

Fujimori fue destituido en el 2000 luego de estallar un escándalo de corrupción con la difusión de un video en el que se ve a Montesinos entregando dinero a un legislador a cambio de su apoyo al partido de gobierno.

Montesinos montó una red de espionaje y sobornos bajo el amparo de Fujimori, según la acusación fiscal.

El ex presidente, hijo de inmigrantes japoneses, se refugió desde el 200O en Tokio amparado en su doble nacionalidad y cinco años después llegó a Chile, donde permaneció hasta septiembre del 2007, cuando fue extraditado a Perú.