LA PAZ. (Reuters)- El principal candidato de la oposición conservadora de Bolivia advirtió el martes que una eventual reelección del presidente Evo Morales convertirá al empobrecido país en un Estado totalitario y gobernado a distancia por el venezolano Hugo Chávez.

Morales se encaminaría a una fácil reelección en los comicios del 6 de diciembre, incluido el control legislativo, según sondeos de intención de voto, pero esto no parece asustar al ex prefecto regional Manfred Reyes Villa, quien señaló que estaba “convencido” de que logrará al menos forzar una segunda vuelta.

En una entrevista con corresponsales internacionales, Reyes Villa dijo que se propone revertir al menos en parte el proceso de “refundación” de línea indigenista y socialista iniciado por Morales, cambiando la recién estrenada Constitución “plurinacional”.

“El tema de fondo es que aquí hay solamente dos caminos: Un Estado que no respeta la institucionalidad, un proyecto totalitario, no hay democracia o por lo menos no se respeta la democracia plena (…) y el modelo que representamos es un modelo progresista, de restitución de la institucionalidad, de recuperación de la república de Bolivia”, afirmó.

Reyes Villa -quien fue aliado del ex presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada y luego prefecto del departamento central de Cochabamba, hasta que perdió un referendo revocatorio en agosto del 2008- dijo representar a todos los bolivianos que no aceptan a Morales.

El candidato conservador acusó al líder indígena de haber hecho una falsa nacionalización petrolera, pues sólo habría modificado contratos con resultados negativos.

Acusó también a Morales de haber convertido a Chávez en el verdadero presidente boliviano, aunque evitó señalar si este “sometimiento” ponía a Bolivia en la perspectiva de aliarse a Venezuela en una eventual guerra internacional.

Reyes Villa dijo también que el Gobierno de Morales “ha judicializado la política” desatando una persecución que castiga a los opositores, en algunos casos con violencia física, y les impide hablar libremente y hasta hacer campaña.

Citó el caso de su compañero de fórmula electoral, el ex prefecto amazónico Leopoldo Fernández, a quien calificó como “secuestrado político” porque está preso desde hace 14 meses en espera de juicio por una masacre de campesinos oficialistas.

Sobre reformas en la Constitución aprobada en el primer período de Morales, Reyes Villa dijo que pretendía eliminar la elección de jueces por voto popular, “porque el país no está preparado”, y limitar el papel del Estado en la economía.

“Queremos un estado facilitador, no empresarial, que es anacrónico”, señaló.

¿SEGUNDA VUELTA?

Reyes Villa dijo que respetaba aunque no creía en las recientes encuestas de intención de voto, que le pronosticaban un respaldo de poco más del 20 por ciento de los votos válidos, unos 40 puntos porcentuales por debajo del favorito Morales.

“Lo importante de las encuestas es la tendencia y la nuestra es de crecimiento. Estoy convencido de que lograremos la segunda vuelta, convencido de la adhesión de los bolivianos, porque hay un voto oculto que también es un voto miedo”, dijo.

La Constitución dice que será presidente quien obtenga el 50 por ciento más uno de los votos válidos, o más del 40 por ciento y diez puntos porcentuales sobre el segundo.

El candidato opositor advirtió que si Morales es reelecto y logra además el control legislativo, el próximo Parlamento boliviano, “se convertirá en un florero, un adorno”.

“El presidente y el actual vicepresidente les han dicho al país, ¿saben qué?, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder y queremos tomar los tres poderes del Estado (…), no quiero ser apocalíptico pero ha convertido a Bolivia en un laboratorio (…), una democracia del terror”, dijo.

Frente a ello, aseguró, la oposición trata de “restaurar la democracia y las libertades”.

BOGOTA. (Reuters)- Seis guerrilleros de la mayor fuerza rebelde de Colombia murieron el martes durante un bombardeo de la Fuerza Aérea en apoyo a una ofensiva por tierra del Ejército Nacional en una zona selvática del sureste del país, informaron fuentes militares.

La operación militar se realizó cerca al municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, como parte de la ofensiva de la Fuerza de Tarea Omega contra las estructuras del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dirige Jorge Briceño, alias “El Mono Jojoy”.

En la misma operación militar fue capturado un guerrillero herido y se confiscaron 11 fusiles de asalto.

“Durante noviembre, la ofensiva militar llevada a cabo en el sur del país ha dejado 19 muertos en combate, cinco capturas, una entrega voluntaria, la incautación de 44 fusiles, explosivos, víveres y abundante material de intendencia”, dijo un informe militar.

Los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá están en medio de una amplia zona del sur de Colombia en donde aún la guerrilla mantiene presencia y resiste una ofensiva militar ordenada por el Gobierno del presidente Alvaro Uribe, que obligó a las FARC a replegarse a apartadas regiones selváticas y montañosas.

En medio de la ofensiva, apoyada por Estados Unidos y que se inició en el 2002, han muerto importantes comandantes rebeldes como Raúl Reyes, Martín Caballero y Tomás Medina Caracas, mientras que miles de combatientes desertaron.

La guerrilla de las FARC pasó de tener unos 17.000 combatientes a unos 9.000 como consecuencia de la ofensiva militar y la masiva deserción, de acuerdo con fuentes de seguridad.

Durante el 2008 más de 1.100 guerrilleros, la mayoría de las FARC, perdieron la vida en combates y bombardeos de las Fuerzas Armadas.

Los combates y bombardeos son frecuentes como parte del conflicto interno de más de 45 años que se registra en Colombia y que cobra miles de vidas.

La confrontación ha dejado al menos 35.000 muertos, la mayoría civiles, y unos 3 millones de desplazados, sólo en la última década, de acuerdo con grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional.

SANTIAGO/LIMA. (Reuters)- Chile calificó el martes como “ofensivas” las denuncias de Perú de que Santiago estaría detrás de un presunto espionaje militar, un caso que ha tensado las relaciones bilaterales y que Lima denominó como “hostil”.

El Gobierno peruano aseguró que el caso, pese a insistir que constituye un hecho “inamistoso”, no tiene por qué afectar los activos y crecientes lazos comerciales, así como tampoco los diplomáticos -caracterizados por constantes altibajos- entre ambos países.

Mientras que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en sus primeros comentarios sobre la denuncia hecha el viernes por el Gobierno peruano, pidió respeto a las autoridades vecinas y consideró que levantar esa acusación no contribuye a la integración mutua.

El caso estalló luego que el Gobierno peruano dijo que confirmó que un agente de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), que había trabajado en la embajada de Lima en Santiago en el 2002, fue detenido y acusado de enviar información militar reservada a Chile.

El Gobierno de Bachelet ha rechazado las acusaciones, pero Perú permanece firme en su denuncia y dijo el martes que tiene identificadas a por lo menos seis personas que colaboraron en el supuesto espionaje militar a favor de Chile y que enviará la información a su vecino para averiguaciones.

Entre los implicados se encontraría otro suboficial también de la FAP que autoridades peruanas dijeron que huyó a Estados Unidos con información que podría ser relevante en el caso, que el presidente García calificó de espionaje “propio de una republiqueta”.

Bachelet consideró esas expresiones como “ofensivas y altisonantes” y dijo que “en nada contribuyen a la integración y la cooperación que deben animarnos entre países vecinos”.

“Lo que debe primar sobre todas las cosas es el respeto, sobre cualquier otra consideración, así como la responsabilidad de las autoridades”, agregó la mandataria al inaugurar un nuevo centro de control aéreo en Santiago.

Tras denunciar el presunto espionaje, Lima llamó a informar a su embajador en Santiago, Carlos Pareja. El enviado chileno en Perú, Fabio Vío, se encontraba por asuntos familiares en Santiago, donde permanecerá unos días “en consultas”.

MAS LEÑA AL FUEGO

El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, trató el martes de poner paños fríos a las declaraciones del día previo del presidente, pero volvió a lanzar leña al fuego al catalogar el supuesto espionaje como “un acto hostil”.

“Son expresiones sí de rechazo a un acto que es inamistoso, definitivamente es un acto hostil”, precisó a periodistas.

García consideró el lunes como “repulsivo” el supuesto espionaje de Chile, un importante inversor en Perú, y acusó a sectores conservadores chilenos ligados a la última dictadura militar de estar detrás del caso que puso los lazos de los vecinos en su peor nivel en los últimos años.

El tema escaló el fin de semana durante una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Singapur, donde coincidieron Bachelet y García. El mandatario peruano adelantó su regreso en señal de molestia y canceló una cita con la presidenta chilena.

Pese a la creciente tensión, Lima dijo que continuará las relaciones diplomáticas y comerciales con Santiago.

“Se van a mantener las relaciones con Chile, tenemos una discrepancia, esperemos que Chile proceda a hacer las investigaciones del caso y deslindar las responsabilidades”, afirmó el canciller peruano.

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, afirmó por su parte que “el presidente ha sido muy claro que esto no es atribuible de ninguna manera al pueblo chileno, de manera que las inversiones de Chile en el Perú están seguras”.

Chile y Perú se enfrentaron en la “Guerra del Pacífico” a fines del siglo XIX y desde entonces las relaciones entre ambos han sufrido altibajos. Actualmente, mantienen un diferendo en una corte internacional por sus límites marítimos.

Pese a los roces, los lazos comerciales y las inversiones entre Lima y Santiago se han fortalecido en los últimos años y, según expertos, lo seguirán haciendo. En el 2008, el comercio entre los dos países creció un 24 por ciento, a 3.370 millones de dólares, según datos oficiales de Chile.

RIO DE JANEIRO. (Reuters)- La corrupción se encuentra “gravemente extendida” en la mayoría de países de América Latina como reflejo de instituciones débiles, prácticas de gobernabilidad deficientes e ingerencia excesiva de intereses privados, dijo el martes Transparencia Internacional.

En su Indice de Percepción de la Corrupción 2009, difundido en su sitio de internet, el organismo dijo que de los 31 países de América incluidos, 10 obtuvieron una puntuación superior a 5, mientras que en 21 de los casos fue inferior, “lo que demuestra un serio problema de corrupción”.

El índice, realizado mediante una serie de encuestas, tiene una escala de cero a 10, indicando las puntuaciones menores niveles elevados de corrupción y las mayores niveles bajos.

Canadá continuó ocupando la primera posición en América, con 8,7 puntos; seguido por Estados Unidos, que se mantuvo en 7,5 puntos, “pese a la preocupación generalizada sobre la falta de control del sector financiero por parte del Gobierno”.

Entre las naciones latinoamericanas, Chile (6,7), Uruguay (6,7) y Costa Rica (5,3) fueron las únicas incluidas en el grupo con puntuación mayor a 5, aunque “inferior a la de otros países del Caribe, como Barbados y Santa Lucía”, dijo el informe.

Entre los países que no lograron superar la puntuación media figuraron Brasil (3,7), Colombia (3,7), Perú (3,7) y México (3,3), que tienen algunas de las mayores economías de la región y “se han visto sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado”.

Otros países con la más baja puntuación fueron Bolivia (2,7), Nicaragua (2,5), Honduras (2,5) y Paraguay (2,1), que presentan “altos grados de pobreza y requieren urgentemente instituciones sólidas y transparentes que puedan facilitar su más que necesario desarrollo económico”, indicó el estudio.

Argentina, con 2,9 puntos, y Venezuela, 1,9, “también se ubican entre los países con desempeño más deficiente en el índice, lo que indica que los altos niveles de percepción de corrupción no están asociados exclusivamente con la pobreza”, agregó.

Por su parte, Cuba tuvo una puntuación de 4,4; El Salvador 3,4 y Guatemala, que registró el único incremento en el IPC de la región, a 3,4 puntos.

Las puntuaciones bajas de la mayoría de países latinoamericanos “refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva ingerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”, dijo el estudio.

El informe indicó que los periodistas de la región enfrentan un entorno cada vez más restrictivo y varios países sancionaron o propusieron proyectos de ley destinados a silenciar al periodismo crítico, lo que atenta contra la libertad de prensa.

Aunque el contexto de cada país es diferente, los efectos de la crisis financiera y la desaceleración económica han demostrado, en general, “la importancia fundamental de la gobernabilidad en el sector público y privado”, así como los vínculos entre ambos, agregó.

El estudio subrayó, en particular, ese vínculo en relación con los paquetes de medidas de estímulo adoptados y que incluyen la inyección de grandes cantidades de dinero en las economías más afectadas.

“Los estados de la región -ricos y pobres por igual- deberán responder mediante la adopción de medidas que garanticen que estos fondos públicos se administren con integridad”, concluyó.

TEGUCIGALPA. (Reuters)- El Congreso hondureño decidirá sobre una eventual restitución del derrocado presidente Manuel Zelaya después de las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que aleja aún más una solución a la crisis política en el empobrecido país centroamericano.

El presidente del Congreso, el diputado José Saavedra, dijo a periodistas que la decisión será tomada en una sesión el 2 de diciembre, luego de que la próxima semana el legislativo reciba opiniones de la Corte Suprema y el Ministerio Público, parte de un acuerdo alcanzado en octubre.

Zelaya, refugiado desde septiembre en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, ha dicho que ese acuerdo está muerto y que no aceptará otro para restituirlo en el poder, pues eso equivaldría a encubrir el golpe de Estado que le dieron el 28 de junio los militares y los miembros del actual Gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti.

El quinto punto del acuerdo para supuestamente permitir la restitución de Zelaya, que fue auspiciado por Estados Unidos, se refiere a la posibilidad de que el Congreso vote para devolverlo al poder con la opinión previa de la Corte.

Pero el Congreso ha dilatado la celebración de una sesión extraordinaria para dirimir el punto.

“Hemos decidido convocar a sesiones para el próximo 2 de diciembre para tocar el punto 5 del acuerdo Tegucigalpa-San José”, dijo el parlamentario refiriéndose a un fallido acuerdo.

El depuesto presidente, que debía gobernar hasta la juramentación de un nuevo mandatario el 27 de enero del 2010, apoyó inicialmente el acuerdo, que creía lo devolvería al poder, pero luego hubo desacuerdos con las autoridades interinas en torno a la formación de un gobierno de unidad.

Ahora Zelaya llama a boicotear los comicios, que ha pedido a líderes mundiales que los desconozcan.

Muchos presidentes latinoamericanos han pedido el inmediato retorno de Zelaya al poder, aunque Estados Unidos, el principal socio comercial de Honduras, parece haber debilitado su posición inicial al decir que reconocería las elecciones sobre la base del acuerdo firmado.

El anuncio del Congreso ocurrió al mismo tiempo en que Washington envió a Honduras, por segunda vez en una semana, al subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Craig Kelly, para reunirse con las partes en conflicto.

Mientras tanto, los principales candidatos a la presidencia, Porfirio Lobo y Elvin Santos, han continuado en campaña electoral a pesar de los pronunciamientos de Zelaya.

BERLIN. (Reuters)- La corrupción en el sector público de Afganistán empeoró en los últimos dos años y ahora se considera que su avance es más desenfrenado que en ningún otro país excepto Somalia, mientras en América Latina el mal sigue gravemente extendido, según Transparencia Internacional.

En la publicación anual de su Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2009, el organismo dijo el martes que Afganistán se derrumbó por segundo año consecutivo en su ranking de 180 naciones basado en los niveles percibidos de corrupción en el sector público.

El reporte subraya el dilema para los gobiernos occidentales, incluyendo Estados Unidos, que están revisando sus estrategias para estabilizar el país luego de la reelección del presidente Hamid Karzai en una votación plagada de fraude.

“Los ejemplos de corrupción van desde puestos públicos a la venta y justicia por un precio hasta sobornos diarios a cambio de servicios básicos”, dijo el organismo acerca de Afganistán.

“Esto, sumado al floreciente comercio de opio -que también está ligado a la corrupción-, contribuye a que el CPI tenga una tendencia negativa en el país”, agregó.

El CPI evalúa a los países en una escala de cero a 10, con cero indicando elevados niveles de corrupción y 10 bajos niveles.

El ranking está basado en datos de expertos de los países y líderes empresariales de 10 instituciones independientes, incluyendo el Banco Mundial, la Unidad de Inteligencia Económica y el Foro Económico Mundial.

Por tercer año consecutivo, la nación del este africano Somalia quedó en el último puesto, con un puntaje de 1,1.

Afganistán se posicionó segundo con 1,3, menos que el 1,5 del 2008 y el 1,8 del 2007. Le siguió Myanmar, con un puntaje de 1,4, mientras que Irak y Sudán obtuvieron ambos 1,5 puntos.

Nueva Zelanda quedó ubicado en el primer lugar con un puntaje de 9,4; seguido de Dinamarca, con 9,3; y Singapur y Suecia, ambos con 9,2.

El Gobierno afgano cedió ante las demandas occidentales y anunció el lunes que formará una nueva unidad anticorrupción para investigar este flagelo.

El presidente Karzai ha recibido una intensa presión de los países de la OTAN con tropas en Afganistán para que elimine la corrupción y la mala administración en su Gobierno, que han complicado la lucha contra los talibanes insurgentes.

En Somalia, los enfrentamientos armados desatados a principios del 2007 han dejado unos 19.000 civiles muertos, 1,5 millones de desplazados y un debilitado Gobierno central confinado a unas pocas cuadras de la capital Mogadiscio.

Los países que vieron un deterioro de su puntaje en el ranking incluyeron a Irán, Ucrania y Grecia. En cambio, entre las naciones que lo mejoraron se encuentran Estados Unidos, Polonia y Rusia.

CORRUPCION EXTENDIDA EN AMERICA LATINA

En América, Canadá continuó con la mejor posición, alcanzando 8,7 puntos; seguido por Estados Unidos, que se mantuvo en 7,5 puntos.

En tanto, la corrupción se encuentra “gravemente extendida” en América Latina, donde sólo Chile, Uruguay y Costa Rica se incluyeron con puntuaciones superiores a 5, dijo el informe.

En la peor ubicación figuró Haití, el país más pobre de la región, con una puntuación de 1,8; detrás de Venezuela (1,9), Paraguay (2,1) y Ecuador (2,2).

Entre las naciones que no lograron superar la puntuación media también figuraron Brasil (3,7), Colombia (3,7), Perú (3,7) y México (3,3), con algunas de las mayores economías de la región.

Esos países “se han visto sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado”, dijo el reporte.

Argentina, con 2,9 puntos, y Venezuela, “también se ubican entre los países con desempeño más deficiente en el índice, lo que indica que los altos niveles de percepción de corrupción no están asociados exclusivamente con la pobreza”, agregó.

Por su parte, Cuba tuvo una puntuación de 4,4; El Salvador 3,4 y Guatemala, que registró el único incremento en el IPC de la región, a 3,4 puntos.

Las puntuaciones bajas de la mayoría de los países latinoamericanos “refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva ingerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”, dijo el estudio.

EDIMBURGO, Reino Unido. (Reuters)- El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo el martes que confía en que la Alianza acuerde un incremento sustancial del número de soldados que luchan contra los talibanes en Afganistán.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está sopesando varias opciones para aumentar el número de tropas en Afganistán, mientras se prolonga el debate en su administración sobre si mantener la estrategia de contrainsurgencia o reducirla a una operación antiterrorista contra Al Qaeda.

“Calculo que en unas pocas semanas decidiremos en la OTAN el enfoque y el nivel de tropas necesario para hacer avanzar nuestra misión”, dijo Rasmussen en una reunión en Edimburgo de la asamblea parlamentaria de la OTAN, que incluye legisladores de todo el mundo.

“Confío en que será un enfoque de contrainsurgencia, con un número sustancial de nuevas fuerzas, y colocaremos a la población afgana en el eje del esfuerzo colectivo de la ISAF, centrándonos en su seguridad y apoyando la reconstrucción y el desarrollo”, dijo.

En una entrevista posterior con Reuters, Rasmussen aseguró que hay un amplio consenso sobre un “impulso general” de las recomendaciones realizadas por parte del general al mando de las tropas de Estados Unidos y la OTAN, Stanley McChrystal.

McChrystal ha recomendado un incremento de 40.000 soldados. Las opciones que estudia Obama varían entre enviar desde 10.000 hasta alrededor de 40.000 soldados más, según un funcionario estadounidense.

FASE FINAL

“Es un poco prematuro tomar decisiones finales sobre el número exacto de tropas, pero tengo bastante confianza de que veremos una mayor contribución de tropas en Afganistán”, dijo Rasmussen a Reuters. “Estamos en la fase final de intensas consultas”, agregó.

El presidente estadounidense, Barack Obama, está evaluando varias opciones para reforzar el nivel de tropas estadounidenses en Afganistán, donde las fuerzas internacionales afrontan a una renovada insurgencia talibán.

Los republicanos lo han criticado por tomar demasiado tiempo para anunciar su decisión.

Casi 68.000 soldados estadounidenses y 40.000 aliados están actualmente desplegados en Afganistán. Estados Unidos y sus aliados pretenden incrementar la formación de las fuerzas afganas para que puedan asumir más tareas de seguridad.

Rasmussen dijo que los costos de la operación afgana son elevados, pero que el costo de retirarse sería “mucho, mucho mayor”.

“Por eso nos tenemos que quedar y trabajar sobre el considerable progreso que hemos logrado hasta ahora”, añadió.