Por Maite Rico

Human Rights Watch reclama más presión internacional al régimen castrista en favor de los presos políticos

MADRID. (EL PAIS)-   El traspaso de poderes de Fidel Castro a su hermano Raúl, en julio de 2006, desató en Cuba una esperanza de cambio, alentada por el propio régimen.

 Tres años después, la realidad no puede ser más sombría: el aparato de represión castrista no sólo no ha sido desarticulado, sino que funciona a todo vapor. Así lo ha constatado Human Rights Watch (HRW), que hoy ha presentado un amplio informe sobre la situación de los derechos humanos en la isla.

 Al menos 40 disidentes han sido encarcelados en esta etapa, en la que los arrestos arbitrarios, las farsas judiciales y los malos tratos siguen a la orden del día. La organización exige una “presión efectiva” para forzar la liberación de los presos políticos y critica la estrategia de acercamiento al régimen cubano impulsada por el Gobierno español.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, es contundente: “Durante estos tres años en el poder, Raúl Castro ha sido tan brutal como su hermano”. Las 123 páginas del informe, titulado Un nuevo Castro, la misma Cuba, dan cuenta de un patrón sistemático de abusos no solo contra los opositores, sino contra cualquier cubano que pretenda ejercer los derechos más elementales.

Para ello el régimen recurre a una batería de leyes y de figuras (desobediencia, insubordinación, desacato) que penalizan cualquier forma de disenso.

El Gobierno, constata HRW, siente especial predilección por la “más orwelliana” de estas medidas: la ley de peligrosidad, que permite, incluso, castigar a los ciudadanos antes de que hayan cometido un delito, por el mero hecho de que resultan sospechosos.

 ”Esta disposición es netamente política y define como peligrosa a cualquier conducta contraria a las normas socialistas”, señala el informe.

Con semejante laxitud, la lista de víctimas es muy variada. Distribuir ejemplares de la Declaración Universal de Derechos Humanos le ha costado al habanero Jorge Barrera una condena de diez años; Ramón Velásquez, que emprendió una caminata a favor de los derechos humanos, fue condenado a tres años de prisión.

No es necesario promover la apertura democrática en Cuba, como hacían Alexander Santos o Juan Luis Rodríguez Desdín, para dar con los huesos en la cárcel después de juicios sumarios: basta con estar desempleado (a los disidentes se les echa del trabajo y luego se les encarcela por no tener empleo) o, simplemente, con buscarse algún ingreso al margen del Estado para intentar sobrevivir (el sueldo medio en Cuba no llega a los 15 euros al mes).

Human Rights Watch ha acreditado el encarcelamiento de al menos 40 personas por “peligrosidad”, pero asegura que hay muchos más que no ha podido documentar.

En prisión siguen también 53 de los 75 disidentes -periodistas y activistas humanitarios- detenidos en la llamada Primavera Negra de 2003. Los presos de conciencia superan los 200. Entre los más recientes, está el conocido médico Darsi Ferrer, detenido en julio.

El organismo destaca las “condiciones inhumanas” de las cárceles cubanas, marcadas por el hacinamiento, la insalubridad, la desnutrición y las enfermedades. Pero además, los presos políticos se enfrentan a malos tratos que “pueden alcanzar el nivel para ser considerados torturas”.

Además de las palizas, son sistemáticas la reclusión en celdas de aislamiento, la prohibición de visitas familiares y la desatención deliberada de los problemas de salud. En tres casos, por lo menos, los prisioneros políticos han sido encerrados en celdas ocupadas por enfermos de tuberculosis.

Para elaborar el informe, los investigadores de HRW mantuvieron más de 60 entrevistas clandestinas sobre el terreno -el Gobierno no autoriza las misiones de observación internacional-, y también vía telefónica desde Nueva York. El trabajo se ha realizado a lo largo del último año.

Además del encarcelamiento, el régimen de Raúl Castro recurre a lo que los disidentes llaman “represión de baja intensidad”: desde multas a detenciones breves, actos de repudio – agresiones por parte de turbas- o amenazas tanto a los opositores como a sus familiares o vecinos, que convierten la vida cotidiana en un infierno de aislamiento y de temor.

Ante este panorama, HRW pide a la comunidad internacional que ejerza “una presión efectiva” que, actualmente, brilla por su ausencia. De entrada, recomienda a EE UU que levante un embargo comercial que ha resultado “contraproducente” y se ha convertido en el mejor pretexto del régimen para reprimir a su población.

El varapalo se extiende a los Gobiernos latinoamericanos, cuyo silencio (cuando no el apoyo abierto, como en el caso de Venezuela, Bolivia o Ecuador) perpetúa el clima de impunidad y represión.

El ministro de Exteriores español, Miguel Angel Moratinos, es también objetivo de la crítica de la organización humanitaria, por su pretensión de desmantelar la llamada la Posición Común de la UE, que condiciona la cooperación con Cuba al respeto a los derechos humanos. “Poner fin a la ‘posición común’ de la UE equivaldría a consentir la represión”, asegura el informe.

Por el contrario, HRW insta a trazar una estrategia internacional coordinada, para forzar la liberación de todos los presos políticos.

 Esa coalición multilateral debería tomar en consideración sanciones “lo suficientemente graves como para que tengan un impacto real” en los dirigentes cubanos, como por ejemplo restricciones de viajes y congelación de cuentas en el exterior.

SANTIAGO. (Reuters)- El vicecanciller chileno, Alberto Van Klaveren, renunció el miércoles para concentrarse en la defensa de Chile ante una demanda que le interpuso Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por sus límites marítimos.

Van Klaveren será reemplazado por Angel Flisfisch, quien se desempeñaba como director de Planificación de la Cancillería, en momentos en que un equipo de juristas chilenos e internacionales avanzan en la “contramemoria” chilena ante el tribunal.

El cambio ocurre en momentos de tensión en las relaciones entre Lima y Santiago por una denuncia peruana de un presunto espionaje a favor de Chile por parte de un agente de la Fuerza Aérea de Perú, que ha sido negado por el Gobierno chileno.

“Hace ya mucho tiempo que estamos dedicados a preparar la defensa del Estado de Chile frente a la demanda de que hemos sido objeto ante la Corte de La Haya por parte del Perú”, dijo Van Klaveren a periodistas tras reunirse con la mandataria Michelle Bachelet y el canciller, Mariano Fernández.

“Nos parece del todo conveniente poder dedicarnos exclusivamente en esta etapa que es justamente la recta final para culminar con la presentación de la contramemoria para el 9 de marzo”, agregó.

Perú asegura que su límite marítimo con Chile no está definido aún, mientras que para Santiago sí lo está desde hace más de medio siglo, cuando ambos países suscribieron dos acuerdos, que para Lima son sólo pactos pesqueros.

BRASILIA. (Reuters)- Argentina y Brasil reiteraron el miércoles que no reconocerán el resultado de las elecciones de este mes en Honduras, por ser conducidas por un Gobierno de facto instalado tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.

El pronunciamiento estuvo contenido en un extenso comunicado conjunto luego de una reunión en Brasilia entre la visitante presidente de Argentina, Cristina Fernández, y su colega brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los mandatarios “reiteraron su enérgica condena al golpe de Estado en Honduras”, que en junio derrocó a Zelaya, quien fue expulsado por los militares pero luego retornó secretamente en septiembre para refugiarse en la embajada de Brasil.

La declaración dijo que la restitución de Zelaya al cargo era “indispensable para el restablecimiento del orden constitucional, del estado de derecho y de la vida democrática en Honduras”.

Fernández y Lula también reiteraron “que sus gobiernos no reconocerán el resultado de las elecciones conducidas por el Gobierno de facto”, previstas para el 29 de noviembre ya con anterioridad al golpe.

Asimismo, los presidentes llamaron al cese de las “acciones de hostilización a la sede diplomática” de Brasil en Tegucigalpa, “y que se garantice su inviolabilidad y la de las personas bajo su protección, así como la libertad de movimiento de su personal y de todo el cuerpo diplomático acreditado en Honduras”.

Los esfuerzos de países y la Organización de Estados Americanos (OEA) para un acuerdo entre Zelaya y el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti han fracasado, luego que un acuerdo alcanzado por las partes en octubre fue denunciado por el mandatario depuesto.

Zelaya apoyó inicialmente el pacto, auspiciado por Estados Unidos que en uno de sus puntos permitiría su restitución, pero luego surgieron discrepancias en torno a la formación de un gobierno de unidad.

WASHINGTON. (Reuters)- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo el miércoles que cree que la prisión militar estadounidense ubicada en la Bahía de Guantánamo, Cuba, podría ser cerrada el próximo año, pero reconoció que no cumplirá con el plazo de enero establecido inicialmente.

Obama dijo que no está decepcionado por no cumplir el plazo de un año que fijó al asumir el poder en enero porque “sabía que esto iba a ser difícil”.

El mandatario realizó el comentario en Pekín durante una entrevista que será transmitida más tarde el miércoles por el programa “Special Report with Brett Baier” del canal Fox News.

“Estamos en un camino y un proceso en donde anticiparía que Guantánamo será cerrado el próximo año”, dijo Obama, declinando dar una fecha puntual para el cierre del centro de detención.

El Gobierno de Obama ha enfrentado dificultades para cerrar la prisión porque muchos legisladores están profundamente reacios al traslado de prisioneros a Estados Unidos.

“Es difícil no sólo por la política. Creo que la gente, comprensiblemente, está temerosa después de muchos años en los que se le dijo que Guantánamo era crítico para mantener a los terroristas afuera”, dijo el mandatario.

“Entonces entiendo que eso debe ser procesado, pero también es difícil simplemente en lo técnico. Creo que como siempre en Washington las cosas se mueven más lento de lo que anticipaba”, concluyó.

LIMA. (Reuters)- El presidente peruano, Alan García, volvió el miércoles a fustigar duramente el supuesto espionaje militar de Chile y afirmó que “jamás deben volver a encontrar dividido” al país, en una acción aparentemente tendiente a cosechar réditos políticos en torno al tema.

En un discurso durante la inauguración de un hospital estatal y frente a centenares de pobladores y trabajadores públicos, García dijo que el espionaje se produce por “envidia” del vecino ante el “crecimiento económico” del país.

“No hay nada que espiar, no hay nada que ocultar, la receta es clara y limpia, atraer la inversión, tener estabilidad, menos pretensión y menos soberbia”, dijo García.

“Para envidia de unos y malestar de otros nuestro país se fortalece, nadie que está fuerte mira al vecino, el que se siente débil, ese vive espiando”, afirmó el mandatario.

La economía de Perú, basada principalmente en la exportación de minerales, creció casi un 10 por ciento el año pasado, una de las tasas más altas del mundo, pero este año se desaceleró fuerte a entre el 1 y 2 por ciento debido al impacto de la crisis financiera mundial.

El caso estalló luego que el Gobierno peruano dijo que confirmó que un agente de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), que había trabajado en la embajada de Lima en Santiago en el 2002, fue detenido y acusado de enviar información militar reservada a Chile.

CHILE DECLINA COMENTAR

El Gobierno chileno declinó hacer comentarios sobre las nuevas expresiones del mandatario peruano.

“No las vamos a comentar. Hay un estilo de lenguaje que la jefatura del Estado de Chile estima perfectamente inconveniente de comentar”, dijo a periodistas en Santiago el canciller chileno, Mariano Fernández.

García, cuya desaprobación a su gestión alcanza el 66 por ciento, consideró el lunes como “repulsivo” el espionaje y acusó a sectores conservadores de Chile de estar detrás del caso, que ha puesto las relaciones diplomáticas de ambos vecinos en su punto más bajo en los últimos años.

Chile, que se alista para sus elecciones presidenciales del 13 de diciembre, ha rechazado la versión del espionaje y pedido a Perú prudencia sobre la situación, a la vez que decidió mantener “en consulta” en Santiago a su embajador en Lima.

La denuncia se dio en momentos en que ambos países, cuya relación ha sufrido altibajos desde que se enfrentaron en una guerra a fines del siglo XIX, mantienen un litigio en una corte internacional por un diferendo en sus límites marítimos.

“Algunos vecinos se preguntan cómo hacen éstos para continuar creciendo y cómo hacen éstos para que no disminuya el empleo y quieren averiguar cómo lo hacemos en vez de plantearlo con diálogo honesto”, afirmó el mandatario peruano.

“Unidos los peruanos todo lo podemos, divididos es como nos conquistaron, divididos es como nos invadieron, jamás deben volvernos a encontrar divididos”, subrayó García.

ENVIARAN INFORMACION

Perú planea entregar la información que recopiló sobre el espionaje al encargado de negocios de la embajada de Chile en Lima, en busca de que el Gobierno de Santiago inicie una investigación y sanciones a los responsables.

El canciller peruano, José García Belaunde, dijo que el documento de 2.000 páginas contiene el registro migratorio del agente peruano que espiaba para Chile, giros de dinero y datos de la computadora en la que llegaba la información.

“Las pruebas son evidentes y contundentes”, afirmó.

García Belaunde dijo que si Chile decide no investigar el caso con la documentación enviada desde Lima, el Gobierno peruano podría evaluar las relaciones de ambos países.

“A ambos nos conviene desarrollar las condiciones para una relacion firme”, indicó el canciller.

Analistas afirman que el caso afectará por un tiempo la relación política entre Lima y Santiago, pero no mellará el lazo económico que ha crecido fuerte en los últimos años.

El caso parece asimismo haber unido a la oposición en Perú, aunque con diferentes matices. El opositor nacionalista Ollanta Humala, ha pedido hasta la ruptura de la relación diplomática con Chile, algo que el Gobierno ha descartado.

García se reunirá más tarde con varios líderes políticos para hablar sobre el tema, entre ellos Humala, Keiko Fujimori -hija del presidente Alberto Fujimori-, la conservadora Lourdes Flores y el alcade de Lima, Luis Castañeda, quien encabeza las encuestas para la elección presidencial del 2011.

Tegucigalpa. (Heraldo)- El subsecretario adjunto de Estado estadounidense, Craig Kelly, regresó al país para intentar, por segunda ocasión, destrabar el diálogo entre el presidente Roberto Micheletti y el ex mandatario Manuel Zelaya

Esta es la tercera vez que Kelly visita el país. La primera vez acompañó al sub secretario de Estado, Thomas Shannon, que medió para que las comisiones de Micheletti y Zelaya firmaran el Pacto Tegucigalpa-San José, el 30 de octubre.

Luego el 10 de noviembre Kelly llegó al país para destrabar el diálogo que se estancó por la negativa de Zelaya para conformar el Gobierno de Unidad, pactado en el acuerdo Tegucigalpa-San José.

El representante del gobierno estadounidense arriba al país luego que el ex presidente Zelaya le mandara una carta al mandatario estadounidense, Barack Obama, en la que le expresa que no está en la disposición de regresar al poder mediante la firma de cualquier acuerdo, en franca referencia al pacto Tegucigalpa-San José.

Ese acuerdo, firmado el 30 de octubre, delegó al Congreso Nacional la decisión de dirimir la posible restitución de Zelaya al poder.

Ahora Zelaya se niega a respetar ese acuerdo y, por tanto, a apoyar las elecciones del 29 de noviembre y a reconocer las autoridades que sean electas.

Con esa posición, Zelaya, según algunos analistas, pretende presionar para que el Congreso lo restituya a cualquier costo.

Ese Poder del Estado puede ratificar lo actuado el 28 de junio, cuando se destituyó a Zelaya por sus múltiples violaciones a la Constitución. Su lugar lo ocupó Micheletti.

Con Zelaya y Micheletti

Kelly sostuvo ayer reuniones con el presidente Micheletti en horas de la tarde.

Micheletti contó, antes de ver al subsecretario adjunto, que el encuentro se centraría en la convocatoria que hizo ayer el Congreso Nacional para dilucidar el asunto referente a la restitución de Zelaya. El Congreso convocó a los 128 diputados para el 2 de diciembre, es decir, tres días después de las elecciones.

Posteriormente, en horas de la noche, Kelly se trasladó a la Embajada de Brasil, donde el ex presidente Zelaya se encuentra albergado desde el pasado 21 de septiembre.

“La reunión estuvo orientada a buscar soluciones a nuestros problemas y expresar el respaldo que Estados Unidos ha estado dispuesto a ofrecer a Honduras”, dijo a la prensa Rafael Pineda Ponce, ministro de la Presidencia.

Kelly “ratifica el concepto que está estipulado en el punto número cinco del Acuerdo, y que esa (la restitución de Zelaya en la presidencia) es una decisión del Congreso y que será respetada por ambas partes”, indicó Pineda.

Se especuló que Kelly viene a negociar con las partes una salida pacífica.

Con la carta que Zelaya envió a Obama se presume que el ex mandatario fue incapaz de encontrar el apoyo necesario en el Congreso para ser restituido y por eso “se está curando en salud”.

Entre tanto, Micheletti ha sido reiterativo en sostener que él estaría dispuesto a renunciar a su cargo siempre y cuando Zelaya solicite asilo político. Bajo ese panorama Kelly llega al país, al parecer para obtener un compromiso de ambos políticos para que la situación no se descontrole a 11 días de celebrarse las elecciones generales. Entonces eso deja abierta la posibilidad de que asuma el poder una tercera persona.

La mediación de Kelly serviría para definir quién sería esa persona y si sería simpatizante de Zelaya o de Micheletti. Kelly no ofreció declaraciones al llegar al país, pero en su última visita reiteró que EE UU respetaría el pacto y la decisión del Congreso. Además vislumbra que las elecciones son la salida al pleito y, por tanto, reconocerán las autoridades electas.

El subsecretario adjunto de Estado estadounidense, Craig Kelly, regresó al país para intentar, por segunda ocasión, destrabar el diálogo entre el presidente Roberto Micheletti y el ex mandatario Manuel Zelaya.

Convocado hoy pleno de la Corte Suprema

Una comisión de cinco magistrados, presidida por el titular del Poder Judicial, Jorge Alberto Rivera, fue conformada la semana anterior para elaborar un anteproyecto de dictamen que será hoy discutida y posiblemente aprobada por el pleno de la CSJ.

Dicha comisión, completada por los magistrados Jacobo Cálix, Rosa de Lourdes Paz, Carlos Cálix Vallecillo y Óscar Chinchilla, se mantuvo desde el pasado jueves en sesión permanente para elaborar el anteproyecto.

Para completar el proceso, los 15 magistrados fueron convocados hoy a la reunión que iniciará a las 10:00 de la mañana. El objetivo es emitir una opinión ilustrativa al Congreso Nacional (CN), como se señala en el numeral cinco del acuerdo Tegucigalpa-San José.

El pleno conocerá el informe preliminar que presente la comisión, se discutirá, aprobará y posiblemente sea hoy remitida la opinión al CN, informaron fuentes judiciales. El Poder Judicial emitirá el dictamen al margen de la decisión unilateral de Zelaya de declarar fracasado dicho acuerdo y renunciar a toda posibilidad de ser restituido en la Presidencia. Esta posición, curiosamente, se la oficializó a Barack Obama.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) definirá hoy una posición sobre si jurídicamente es o no posible retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio de este año

BOGOTA. (Reuters)- La policía de Colombia confiscó el miércoles 100 fusiles AK-47 que ingresaron ilegalmente con destino a comandos de la mayor guerrilla izquierdista que operan en una extensa zona montañosa del suroeste del país, informó un alto oficial.

El decomiso del arsenal se produjo en la ciudad de Cali, la capital del departamento del Valle, 250 kilómetros al sudoeste de Bogotá.

Los fusiles y sus respectivos proveedores fueron encontrados en una camioneta en la que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pretendían enviarlos a una zona montañosa del departamento del Cauca, en donde los rebeldes libran intensos combates con el Ejército desde hace varias semanas.

“Hemos incautado 100 fusiles AK-47 que iban con destino a las FARC”, dijo a Reuters el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Miguel Angel Bojacá.

En la operación de la policía no se produjeron capturas, de acuerdo el oficial, quien reveló que las armas ingresaron por el puerto de Buenaventura, sobre el Océano Pacífico.

El departamento del Cauca, hacia donde iban a ser enviados los fusiles, es una región estratégica para el tráfico de drogas y de armas en la que el Gobierno reforzó la seguridad con el envío de 2.500 efectivos para neutralizar a la guerrilla después de un ataque que dejó nueve militares muertos la semana pasada.

En esa zona, en donde habitan poblaciones indígenas, la guerrilla se resiste a perder el control territorial que ha mantenido por años en medio del conflicto interno de más de 45 años.

En otras regiones de Colombia la ofensiva militar obligó a las FARC a replegarse a apartadas zonas montañosas y selváticas, aunque todavía mantiene presencia en áreas consideradas estratégicas para la producción y el tráfico de cocaína, su principal fuente de financiación.

En medio de esa ofensiva han muerto importantes comandantes rebeldes como Raúl Reyes, Tomás Medina Caracas y Martín Caballero, mientras que miles de combatientes han desertado, disminuyendo la capacidad militar del grupo insurgente que dice luchar por imponer un sistema socialista en un país con profundas diferencias entre ricos y pobres.