BOGOTA. (Reuters)- Colombia rechazó el viernes la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer una demanda de Ecuador por la muerte de uno de sus ciudadanos en el ataque en el que perdió la vida el líder de las FARC Raúl Reyes y que desató una crisis diplomática.
La decisión de Colombia de retirarse de una audiencia citada por el organismo, con sede en Washington y adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), se produce en momentos en que Bogotá y Quito avanzan en la normalización de sus relaciones después de que Ecuador las rompió.
“Quiero reiterar que hay unos escenarios apropiados para esta discusión. Esta Honorable Comisión, como está suficientemente claro, no es competente para tratar este tema”, dijo el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos.
“Colombia lo tratará en los escenarios correspondientes. Y finalmente recordar que Colombia no tiene problemas con el hermano de Ecuador, sino con un grupo de asesinos, narcotraficantes, terroristas y secuestradores llamados FARC”, precisó el diplomático de acuerdo con un comunicado entregado por la Cancillería en Bogotá.
Las Fuerzas Militares de Colombia bombardearon el 1 de marzo del 2008 un campamento de la guerrilla ubicado en una zona selvática de Ecuador, en un ataque en el que murieron Reyes y 24 personas, incluido un ecuatoriano, y que llevó al rompimiento de las relaciones entre ambos países.
Ecuador, por su parte, solicitó que se declare admisible la petición, argumentando una violación de los derechos humanos tras la operación militar colombiana en su territorio.
“Esperamos esta decisión, que puede ser histórica y dar vitalidad a la justicia internacional”, dijo el procurador ecuatoriano Diego García, según un reporte de la agencia estatal de noticias Andes.
VICTIMA DE LA DISCORDIA
Una de las víctimas del ataque de Colombia sobre el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue el ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla, lo que motivó la demanda del Gobierno de Quito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Gobierno colombiano, con base en la necropsia del cadáver de Aisalla, sostiene que murió como consecuencia del bombardeo y no por golpes de efectivos de sus Fuerzas Militares en momentos en que se encontraba en estado de indefensión, como alegó inicialmente Ecuador.
Hoyos negó en su alegato de defensa que los militares colombianos hubieran cometido violaciones a los derechos humanos y aseguró que en la operación se cumplieron los estándares del Derecho Internacional Humanitario.
Colombia se reservó el derecho de presentar por escrito sus observaciones a los argumentos entregados por Ecuador en la audiencia.
Para Quito, la muerte de Aisalla fue una violación a los derechos humanos y aseguró que su interés no es un juzgamiento sobre cuestiones de soberanía o de orden interno entre ambas naciones.
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, se reunió en febrero con Correa en México, durante la Cumbre del Grupo de Río, como parte los esfuerzos de los dos países para normalizar sus relaciones diplomáticas.
Ecuador condicionó la plena normalización y el nombramiento de su embajador en Bogotá a que Colombia le entregue los discos duros de las computadoras de Reyes en los que, de acuerdo con Bogotá, se encontraron documentos que hablan de nexos del Gobierno de ese país con las FARC.
Quito también pidió acceso a los videos de la operación militar para descartar la participación de terceros países en el bombardeo.
Las demandas de Ecuador son analizadas y tratadas por una comisión binacional de asuntos sensibles.
