LONDRES. (Reuters)- El Gobierno británico rechazó el miércoles las acusaciones hechas por la presidenta de Argentina acerca de que el Reino Unido estaba militarizando el sur del Atlántico al colocar en la zona a uno de sus barcos de guerra más avanzados.

La reacción ocurre en medio de una escalada de la tensión diplomática entre ambos países por las diputadas Islas Malvinas y un día después de que la mandataria Cristina Fernández anunciara que denunciará ante la ONU el grave riesgo que representa la medida británica para la seguridad internacional.

Una portavoz del primer ministro británico David Cameron salió al paso a los señalamientos.

“Nosotros no estamos militarizando el sur del Atlántico. Nuestra postura defensiva en las Islas Falkland (como se conocen en inglés las Malvinas) se mantiene inalterable”, afirmó la portavoz.

El Ministerio de Defensa británico, que rechaza el reclamo argentino de soberanía sobre las islas, dijo recientemente que la decisión de enviar el destructor HMS Dauntless hacia el sur del Atlántico para reemplazar a otro buque era una medida que estaba planeada desde antes y que era “totalmente de rutina”.

“La población de las Falklands elige ser británica. Su derecho a la auto determinación es un principio que está consagrado en la carta de la ONU”, agregó la portavoz.

Una guerra de palabras entre ambos gobiernos ha escalado en los últimos meses, mientras se acerca el 30 aniversario de la guerra de 1982 y compañías británicas buscan petróleo en las aguas alrededor del archipiélago.

Fernández, en un acto en la noche del martes ante veteranos de la guerra que Argentina y el Reino Unido disputaron en 1982 por las Islas Malvinas, dijo que el Gobierno británico está “militarizando al Atlántico sur una vez más”.

“He instruido a nuestro canciller para que presente formalmente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también ante la Asamblea de las Naciones Unidas esta militarización del Atlántico sur que implica un grave riesgo para la seguridad internacional”, anunció la mandataria.

Además dijo: “No podemos interpretar de ninguna otra manera, por el mayor esfuerzo y voluntad que pongamos, el envío de un destructor, la sola palabra, un inmenso y modernísimo destructor, acompañando al heredero real, que nos hubiera gustado verlo con ropas civiles y no con uniforme militar”.

Fernández hizo referencia a que el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono británico, se encuentra en el archipiélago, situado a unos 500 kilómetros de la costa argentina, realizando un trabajo temporal como piloto de búsqueda y rescate.

La mandataria argentina viene pidiendo en forma insistente a Londres el reinicio de las negociaciones para discutir la soberanía de las islas, mientras la diplomacia de su país ha dado pasos para entorpecer la incipiente exploración hidrocarburífera en la región.

SANTO DOMINGO. (Reuters)- Cuerpos de rescate de República Dominicana reanudaron el martes las operaciones de búsqueda de al menos 30 personas que siguen desaparecidas por el naufragio tres días antes de un barco cargado de inmigrantes en la costa nororiental del país, por el cual se han confirmado 21 muertos.

La Marina de Guerra informó la continuación del operativo en el cual dijo están apoyando unidades navales, un helicóptero militar y voluntarios.

La cantidad de fallecidos aumentó tras el hallazgo la noche del lunes de otros tres cadáveres en estado de descomposición en aguas de la Bahía de Samana, donde naufragó el sábado la frágil embarcación en la que, según autoridades, 65 dominicanos intentaban llegar a la vecina isla de Puerto Rico atravesando el canal de La Mona.

Las autoridades dominicanas dijeron el lunes que estaban investigando la causa de la tragedia y que 19 pasajeros fueron rescatados e ingresados en un centro médico con heridas. Aún 13 de ellos siguen hospitalizados.

Dominicanos pobres que buscan mejores oportunidades se embarcan en barcos precarios y superpoblados, conocidos como yolas, para intentar cruzar el Canal de la Mona hacia las costas de Puerto Rico, pero muchos mueren en el intento.

El peligroso estrecho de 130 kilómetros es una vía marítima muy usada que une el Mar Caribe y el océano Atlántico y es conocido por sus mareas y bancos de arena poco profundos.

SANTO DOMINGO. (Reuters)- Las autoridades dominicanas están investigando el naufragio de un barco cargado de inmigrantes que dejó 18 muertos mientras socorristas buscaban el lunes a al menos 20 desaparecidos frente a la costa noreste de República Dominicana, dijeron funcionarios.

Una frágil embarcación con más de 60 personas a bordo que había partido el sábado desde la costa de Nagua, 210 kilómetros al noreste de Santo Domingo, naufragó en las proximidades de Cayo Levantado, en la Bahía de Samaná, dijeron funcionarios de la Armada dominicana.

Las autoridades dominicanas dijeron que 19 pasajeros fueron rescatados e ingresados en un centro médico con heridas.

“Estamos aún investigando la causa de esta tragedia”, dijo el Director de Defensa Civil, el general Luis Luna Paulino.

Cinco sobrevivientes aún eran tratados el lunes y se reportó que una mujer estaba grave, agregaron.

Funcionarios dijeron que se dio el aviso alrededor del mediodía del sábado cuando pescadores rescataron a uno de los sobrevivientes.

Las operaciones de rescate continuaron todo el lunes aunque las esperanzas de encontrar sobrevivientes se desvanecían, según el jefe de la Armada dominicana, el vicealmirante Nicolás Cabrera Arias. El capitán de la embarcación fue detenido y era interrogado, añadió.

Barcos dominicanos registraron el área en búsqueda de sobrevivientes durante el fin de semana. La Guardia Costera estadounidense envió tres helicópteros y un buque al lugar del naufragio el sábado por la tarde a pedido de las autoridades del país, dijo el portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad.

“Localizadon un par de cuerpos que fueron recuperados por las autoridades de la República Dominicana”, explicó.

El domingo por la tarde, los dominicanos informaron a los funcionarios estadounidenses que no necesitaban más asistencia.

Algunos de los sobrevivientes dijeron a las autoridades que habían pagado a los traficantes 40.000 pesos (unos 1.000 dólares) para organizar el viaje.

Dominicanos pobres que buscan mejores oportunidades se embarcan en barcos precarios y superpoblados, conocidos como yolas, para intentar cruzar el Canal de la Mona hacia las costas de Puerto Rico, pero muchos mueren en el intento.

El peligroso estrecho de 130 kilómetros es una vía marítima muy usada que une el Mar Caribe y el océano Atlántico y es conocido por sus mareas y bancos de arena poco profundos.

El procurador general pidió a los fiscales de la zona que intensifiquen las investigaciones para ubicar a los organizadores de estas travesías y someterlos a la justicia. Hay tres sospechosos detenidos.

La Guardia Costera estadounidense interceptó a 200 inmigrantes indocumentados desde República Dominicana durante el año fiscal que culminó el 30 de septiembre y a otros 86 desde entonces.

BOGOTA. (Reuters)- La guerrilla colombiana de las FARC aplazó el miércoles la liberación de seis efectivos de las Fuerzas Armadas secuestrados desde hace más de una década y denunció que la zona en donde pretendía entregarlos es centro de operaciones militares con presencia de tropas gubernamentales.

La situación evidencia la complejidad para el proceso de liberación de los rehenes en poder de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“El área que habíamos escogido para la liberación de los prisioneros de guerra capturados en combate ha sido militarizada injustificadamente por el Gobierno de Colombia, lo cual nos impone aplazar su concreción”, dijo el grupo rebelde en una declaración difundida por internet y dirigida a un grupo de mujeres pacifistas.

Las FARC, debilitadas por una ofensiva militar apoyada por Estados Unidos pero aún con capacidad de realizar ataques de gran impacto, anunciaron desde diciembre la liberación de seis de los 11 efectivos de las Fuerzas Armadas que mantienen secuestrados en sus campamentos en la selva desde hace más de diez años, pero la entrega aún no se ha concretado.

El Gobierno se comprometió a ofrecer todas las condiciones de seguridad para facilitar la entrega de los rehenes y a coordinar con el Comité Internacional de la Cruz Roja el proceso que continúa estancado.

A fines de noviembre cuatro efectivos de las Fuerzas Armadas que permanecían secuestrados fueron asesinados por los rebeldes en medio de un combate con el Ejército que buscaba ubicarlos en medio de la selva.

“Los queremos liberar vivos, pero parece que el Gobierno prefiere entregarlos en catafalcos a sus familiares”, dijeron las FARC, acusadas de obtener millonarios ingresos del narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

GOBIERNO REACCIONA

El presidente Juan Manuel Santos cuestionó la posición de las FARC, consideradas por Estados Unidos y la Unión Europea como una organización terrorista, y dijo que el Gobierno desconoce en que zona están los rehenes.

“Por Dios, no más trucos y engaños. Ni siquiera sabemos donde están los secuestrados. No han entregado coordenadas. Libérenlos ya”, dijo el mandatario a través de su cuenta en Twitter.

Sin embargo, las Fuerzas Militares admitieron que realizan operaciones en todo el país en cumplimiento de la misión de perseguir los grupos armados ilegales.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acusó al grupo rebelde de jugar con los rehenes y sus familias como parte de una estrategia para ganar protagonismo político a nivel nacional e internacional y limpiar su imagen criminal.

“Esta gente una vez más demuestra las mentiras que dicen y como en el fondo se burlan de manera permanente del pueblo colombiano”, declaró el funcionario.

La organización guerrillera llegó a tener en su poder a más de 60 rehenes, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres estadounidenses, que buscaban intercambiar por guerrilleros presos.

Pero muchos de ellos fueron rescatados por las Fuerzas Armadas y otros se fugaron o murieron en la selva. Algunos fueron liberados por las FARC en forma escalonada en los últimos años.

“Tan pronto amaine la insania que se ha apoderado del Palacio de Nariño (la Presidencia), haremos un nuevo intento para que ustedes puedan recibir a los que serán liberados”, agregaron las FARC.

LA PAZ. (Reuters)- La llegada a La Paz de una segunda marcha indígena en poco más de tres meses reavivó el lunes un conflicto sobre una carretera en la selva de Bolivia, cuya construcción fue detenida tras una protesta similar de otros grupos autóctonos, y desveló la división en una de las bases de apoyo del Gobierno.

La nueva protesta pide lo contrario de otra resonante marcha el año pasado, que arrancó al presidente Evo Morales una ley que suspende la construcción de la carretera de 306 kilómetros, financiada por Brasil y con un costo de 420 millones de dólares, que atravesaría la reserva conocida como Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

La base de ambas marchas son los indígenas amazónicos. La primera, paralela a una campaña opositora contra una elección de jueces nacionales por voto popular, tuvo un alto costo político para el presidente socialista, quien tropezó en esos comicios con más votos en contra que a favor de los nuevos magistrados.

“Venimos a exigir que se anule esa ley que declara intangible al Tipnis, porque nos perjudica y no fue consultada con las bases”, dijo Gumercindo Pradel, líder de la segunda marcha de casi un millar de personas que duró 45 días y cubrió unos 600 kilómetros, al ingresar a La Paz desde la vecina El Alto.

Pero el indígena conductor de la primera protesta del 2011, Adolfo Chávez, aseguró a la radio estatal Patria Nueva que la ley de intangibilidad del Tipnis “no será revisada de ninguna manera” y anunció que hará de inmediato una campaña a favor de esa norma entre las comunidades indígenas del parque.

Líderes de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, dijeron que buscarían un acuerdo entre los sectores indígenas para modificar la ley sancionada en octubre, que teóricamente había puesto fin al conflicto por la carretera.

“Los compañeros que ahora marchan deben presentar sus demandas orgánicamente, en el seno de la organización indígena. El Gobierno nos quiere enfrentar”, agregó Chávez, que la semana pasada firmó sorpresivamente un pacto con el derechista gobernador del distrito oriental de Santa Cruz, Rubén Costas.

Pradel cuestionó el liderazgo de Chávez y defendió el polémico proyecto carretero que vincularía la región cocalera de Chapare, cuna política de Morales, con las llanuras ganaderas de Beni, bastión de la oposición conservadora.

Los indígenas, organizaciones no gubernamentales y políticos opositores que se movilizaron el año pasado contra la obra denunciaron un supuesto grave riesgo a la estabilidad ecológica del parque de 1,2 millones de hectáreas.

Pradel, coincidiendo con el Gobierno, aseguró que el daño ecológico será “mínimo e insignificante en comparación con los beneficios”.

Desde la promulgación de la ley de intangibilidad, el proyecto vial avanza sólo en sus tramos exteriores y está paralizado en el sector central, de 177 kilómetros, proyectado en el mismo parque Tipnis.

La carretera, cuya construcción está adjudicada a la firma brasileña OAS, es parte de un ambicioso paquete de proyectos de infraestructura vial prometido por Morales para su segundo mandato quinquenal, del cual acaba de iniciar el tercer año.

MEXICO DF. (Reuters)- No son hadas, pero sí “madrinas”. Cada vez más mexicanos recurren a ellas para guarecerse de la creciente violencia en las carreteras, donde los asaltos y las balaceras entre narcotraficantes pululan a su antojo.

Estas “madrinas” no tienen varitas mágicas ni conceden deseos, son enormes remolques que llevan en sus entrañas simultáneamente alrededor de una docena de autos y que suelen ser vigiladas por satélite mientras viajan largos trayectos.

Hasta hace poco sus servicios eran casi exclusivos de los fabricantes de vehículos para trasladarlos desde las plantas hasta las diversas agencias de ventas, cubriendo trayectos que pueden ser de miles de kilómetros.

Pero la violencia vinculada al narcotráfico, que ha cobrado la vida de más de 47,500 personas en los últimos cinco años en México, ha disparado la utilización de madrinas para trasladar autos de gente común dentro del país, que tienen una extensión cercana a los dos millones de kilómetros cuadrados.

Sólo en los últimos tres años las contrataciones por parte de automovilistas privados crecieron entre un 20 y un 60 por ciento, dependiendo de la región, según algunos prestadores del servicio contactados por Reuters.

La gente deja en manos de estos pesados remolques sus autos, viaja en avión y luego los recibe en los lugares de destino.

“Sobre todo paisanos (mexicanos que viven en Estados Unidos) vienen mucho con nosotros. Antes, cada fin de año cruzaban (la frontera) con su camioneta para dejarla en su pueblo o venderla en la ciudad”, dijo Elizabeth Velázquez, propietaria de una empresa prestadora del servicio en Tijuana.

“Pero ya no se arriesgan porque a muchos los asaltan o los secuestran con la familia”, agregó.

El costo promedio oscila entre 600 y 900 dólares y el tiempo de entrega suele oscilar entre cinco y 10 días.

ROBOS VIOLENTOS

En los últimos tres años, más del 80 por ciento de los asaltos en carreteras denunciados fueron con violencia. Los robos en las vías aumentaron un 29 por ciento en el 2010, comparados con los del 2009, según cifras oficiales.

No hay cifras claras de cuántos hubo el año pasado ya que 13 de los 32 estados no han presentado sus informes.

Nancy González, empleada de una empresa de madrinas en el central estado de Morelos -parte de un corredor que conecta con Acapulco, donde han recrudecido los enfrentamientos entre narcos de bandas rivales-, dijo que quienes solicitan el servicio generalmente argumentan temas de seguridad.

“Por eso dicen que no quieren manejar, que prefieren pagar para estar seguros que sus carros van a llegar”, agregó.

La mayor demanda del servicio ocurre sobre todo en servicios desde o hacia los estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos, principal consumidor mundial de drogas ilícitas.

En esa región de México algunos cárteles de las drogas se disputan las lucrativas rutas de las drogas y han extendido sus negocios criminales a los asaltos a camiones de pasajeros y secuestro a inmigrantes indocumentados.

En estados norteños como Nuevo León y Tamaulipas la violencia es producto de choques entre el sanguinario grupo criminal de los Zetas y su otrora aliado cártel del Golfo.

En Chihuahua, donde se encuentra Ciudad Juárez -la ciudad mexicana con mayor violencia vinculada al narcotráfico- el poderoso cártel de Sinaloa, que lidera el capo Joaquín el “Chapo” Guzmán, busca dominar a un cártel local.

Juan Pablo, un conductor de “madrinas”, relató que existen algunas regiones como la localidad de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, en el centro-norte del país, donde es muy peligroso transitar al caer la noche.

“Si llegas después de la 6 de la tarde uno sabe que si entra es a su riesgo, mejor te quedas en un hotel y le dices al cliente que ya será hasta el otro día”, dijo.

Pero las madrinas también necesitan hadas protectoras, pues las organizaciones criminales han robado algunas de esas, tanto de autos nuevos como usados. Para evitar los asaltos algunas empresas hacen caravanas de remolques y avisan a las autoridades que requieren vigilancia.

BOGOTA. (Reuters)- La guerrilla colombiana de las FARC propuso el miércoles una reforma constitucional para legalizar el intercambio de efectivos de las Fuerzas Armadas secuestrados por cientos de rebeldes presos, semanas después de que ofreció liberar a seis rehenes como un acto de paz.

No obstante, una reciente intensificación de sus ataques violentos a vitales infraestructuras del país sudamericano contrasta con cualquier salida negociada o política al conflicto interno de casi cinco décadas que ha cobrado miles de vidas.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos insiste en que las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están debilitadas por una ofensiva militar apoyada por Estados Unidos y puso la liberación de los rehenes y el cese de los ataques como condiciones para dialogar con el grupo rebelde.

“Mientras persista la confrontación, el canje de prisioneros de guerra debe elevarse a norma constitucional que obligue al Estado”, dijo en un vídeo publicado en internet Iván Márquez, uno de los siete integrantes del secretariado de las FARC, el órgano de dirección política y militar del grupo rebelde.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, rechazó la propuesta de la guerrilla y dijo que elevar a una norma constitucional el intercambio de secuestrados por rebeldes presos sería “el absurdo de los absurdos”.

El Gobierno descartó en el pasado la posibilidad de realizar intercambios de rehenes por rebeldes presos al considerar que hacerlo es abrir un camino permanente al secuestro de efectivos de las Fuerzas Armadas y de civiles.

Las FARC, consideradas una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, llegaron a tener en su poder a más de 60 rehenes, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres estadounidenses, que buscaban intercambiar por guerrilleros presos.

Pero muchos fueron rescatados por las Fuerzas Armadas y otros se fugaron o murieron en la selva. Algunos fueron liberados por las FARC en forma escalonada en lo que para el Gobierno es una estrategia de la guerrilla para ganar protagonismo nacional e internacionalmente y limpiar su imagen.

Sentado frente una mesa en lo que parece ser un claro en medio de la selva, Márquez no hizo mención a los alrededor de 300 civiles que el Gobierno calcula que mantienen secuestrados y por los que exigen millonarios rescates.

Vestido de traje de combate verde y con lentes y su característica barba, también se refirió al ofrecimiento que hizo las FARC en diciembre de liberar a seis de los efectivos capturados en combate.

“La liberación unilateral de estos seis prisioneros de guerra es un hecho de paz que desdice la locuacidad de quienes nos exigen hechos y no palabras mientras callan ante la ausencia absoluta de gestos similares por parte del Estado”, replicó el líder guerrillero.

Esta fue la primera aparición de Márquez en meses luego de que ganó notoriedad en el 2007 cuando fue mostrado al lado del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en Caracas, como parte de las gestiones del mandatario para lograr la liberación de un grupo de rehenes en poder de las FARC.

Actualmente, 11 efectivos de las Fuerzas Armadas permanecen secuestrados por las FARC, algunos desde hace más de 13 años.